Representatividad y democracia: lecciones de la discusión en torno al aborto

El pasado 14 de mayo, el Senado del Estado de Alabama aprobó la ley sobre aborto más restrictiva de los Estados Unidos. Según ella, el aborto solo estará permitido en casos de ‘riesgo grave para la salud’ de la mujer embarazada, excluyendo incluso los casos de violación. Varios puntos llamaron la atención de los comentaristas: entre ellos, cómo la ley ilustra una tendencia ultra punitivista en materia de aborto en cada vez más estados de los EE.UU. (a contramano del resto de los países desarrollados), y cómo podría ser parte de una estrategia para acercar a la Corte Suprema estadounidense la oportunidad de revertir el precedente de Roe vs. Wade. Pero lo que más retumbó en los medios internacionales fue que los 25 senadores que votaron esta ley fueran todos varones. Esto evoca la discusión sobre la representatividad de las mujeres en la política que en la Argentina culminara en la sanción, en el 2017, de la Ley de Paridad de Género en las listas electorales. Además de resultar un ejemplo sumamente ilustrativo de por qué debemos fomentar políticas electorales que promuevan el acceso de las mujeres a cargos electivos, el caso de Alabama nos da una excusa perfecta para volver sobre los fundamentos de filosofía política que las motivan en términos de legitimidad democrática y representatividad.

Cuando hablamos de democracia no podemos hacerlo en términos binarios. Es decir, los países y las instituciones no son democráticas o antidemocráticas, sino que hay “grados” de democracia. Ellos pueden medirse, según el filósofo político británico Adam Swift, a lo largo de cuatro dimensiones moralmente relevantes: (a) cuán directa o indirectamente son tomadas las decisiones; (b) qué nivel de rendición de cuentas tienen los representantes; (c) qué nivel de igualdad (de oportunidad) existe para influenciar la política; y (d) cuál es el alcance de la autoridad democrática.

A mi entender, sin embargo, Swift olvida una dimensión de la democracia que es particularmente relevante en la cuestión aquí discutida: la “calidad de la representación democrática”. Es decir, una democracia representativa también debe medirse según cuán bien los representantes representan a los representados (valga el trabalenguas). ¿Cuán legítima sería una democracia hipotética donde el 80% de la población está compuesta por musulmanes negros pero quienes gobiernan y toman decisiones pertenecen a una minoría católica blanca?

Sobre la cuestión de la representación, la filósofa política estadounidense, Iris Marion Young, entiende que una persona puede ser representada de tres formas: por interés, por opinión, o por perspectiva (Young, 2002: 133). Mientras que representar intereses u opiniones implica promover determinados resultados, representar perspectivas implica promover puntos de partida de la discusión, es decir, analizar el problema desde otro punto de vista (Id: 18-19).

Esta visión de la representación es tanto más robusta como realista, pues mientras es imposible que un representante promueva al mismo tiempo los resultados deseados por todo su electorado, es más razonable que alguien sea elegido por su capacidad para afrontar una decisión desde una determinada perspectiva. Pero, ¿no pueden acaso los hombres tener una perspectiva de género? Incluso si teóricamente ello pudiera ser posible (algunas teorías feministas como la standpoint theory postulan lo contrario), la práctica no parece haber sido auspiciosa. Por empezar, esta lógica es la que ha privado a las mujeres de su participación democrática básica (el voto) bajo la excusa de ser representadas a través del voto de sus padres o esposos (Wolff, 2016: 86). Más aún, esta visión de la representación puede justificar la elección de un dictador. Podríamos tener la suerte de tener un dictador benevolente que sepa exactamente cómo representarnos, pero difícilmente propongamos la dictadura como sistema de gobierno: un dictador podría ser representativo con los planetas alineados; la democracia tiende en sí misma a la representatividad (Przeworski, 1999: 32).

Bajo la visión de la representación como perspectiva, la pertenencia del representante al grupo representado es crucial, pues dota al representante de la experiencia vital que implica pertenecer a dicho grupo (y, entre otros aspectos, reduce el riesgo moral de la representación). Esto no es para nada nuevo, pues, por ejemplo, nuestros senadores y diputados deben haber nacido o residir en las circunscripciones electorales que los eligen. Pero esta visión sí nos interpela para revisar los grados de abstracción y generalidad que exigiría esa pertenencia.

Así, con esta nueva dimensión sobre la calidad de la representación podemos continuar el análisis bajo la segunda parte del marco teórico de Swift, sobre las justificaciones o valores que la democracia encarna (intrínsecos) y los que promueve o logra (instrumentales). Se dice que la democracia significa (i) la libertad como autonomía, (ii) la autorrealización, y (iii) la igualdad; y que ella logra (iv) decisiones buenas o correctas, (v) el desarrollo moral e intelectual de sus ciudadanos, y (vi) la legitimidad percibida de las decisiones. Por ende, para determinar cuán democrática es una política pública debemos analizarla a la luz de estas justificaciones.

Volviendo a lo que nos convoca –las acciones afirmativas para fomentar el acceso de las mujeres a cargos electivos–, existen dos argumentos en contra que se inscriben en dos de las justificaciones arriba mencionadas, pues se entiende que las cuotas de mujeres violan el principio de la soberanía popular. El primero es que las cuotas limitan la libre elección tanto de los partidos políticos como del electorado, de modo que restringen la libertad como autonomía. El segundo es que se socava la elección de candidatos sobre la base del mérito o idoneidad, lo que viola la igualdad al discriminar en contra de los hombres. Dejando de lado el debate constitucional, estos argumentos fallan en reconocer que, bajo una concepción robusta de la representación, las políticas electorales que fomentan el acceso de mujeres a través de acciones afirmativas no sólo no socavan esas dos justificaciones intrínsecas de la democracia sino que las promueven, junto con otras dos justificaciones instrumentales (la capacidad para lograr decisiones buenas o correctas y la legitimidad percibida  de las decisiones).

En primer lugar, hay dos formas de considerar la “libertad como autonomía”. Por un lado, se tiene en cuenta la educación y capacidad para entender las opciones disponibles y elegir sabiamente (Swift, 2013: 299); pero por otro, debe incluirse la libertad para tener opciones razonables de cuales elegir. Poco puede decirse sobre el autogobierno de las mujeres negras de Alabama (las más afectadas por la aprobada ley) cuyas opciones en el cuarto oscuro son el hombre blanco A y el hombre blanco B. Las acciones afirmativas buscan ampliar el rango de opciones legítimas del electorado para incluir un grupo subordinado que no se encontraría presente de otra forma. La supuesta libertad como autonomía que las acciones afirmativas restringen no es más que una ilusión cuando existen estructuras sociales que en la práctica precluyen la posibilidad de que las mujeres sean representadas por otras mujeres. Lo que aparenta ser una restricción formal es un método real de promover que más de la mitad de la población pueda elegir una mejor calidad de representación.

En segundo lugar, la acción afirmativa promueve la igualdad. Bajo la dimensión de “calidad de representación” aquí propuesta, la igualdad no sólo es concebida como la capacidad de los ciudadanos de elegir sino también como su capacidad para ser electos. El hecho de que en su mayoría sean varones quienes accedan a cargos electivos se basa en una ilusión de mérito cuyo trasfondo es una desigualdad estructural que se autoperpetúa. El sistema es menos igualitario si las mujeres carecen de las mismas oportunidades para acceder a cargos electivos.

En tercer lugar, las acciones afirmativas también promueven el valor instrumental epistémico de la democracia (la capacidad o probabilidad para encontrar las mejores decisiones o las correctas). Dentro de los límites de la democracia representativa, la deliberación será más robusta allí donde los poderes legislativos cuenten con la voz de una pluralidad de puntos de vista (es por este mismo motivo que defendemos la libertad de expresión, pues entendemos que es más fácil alcanzar “verdades” mientras más permitamos que compitan perspectivas diferentes; Mill, 2003[1859]). Del mismo modo, no existe simplemente una sola perspectiva del colectivo “mujeres”. Como los varones, existen mujeres de distintas razas, religiones, estratos sociales, etc. Mientras más mujeres sean electas más probabilidades hay de que estas distintas perspectivas estén representadas y de que el debate sea lo más robusto posible.

Finalmente, las acciones afirmativas promueven la legitimidad percibida de las decisiones y del sistema en general. Una democracia que es más representativa de su demos tiene más probabilidades de generar el cumplimiento de las normas. Los ciudadanos son más capaces de adoptar las decisiones legislativas como propias si sienten que quienes las tomaron lo hicieron representando y debatiendo sus puntos de vista al tomarlas, pues sienten que de cierto modo participaron del debate y su perspectiva fue escuchada.

De este modo, las acciones afirmativas electorales en favor de las mujeres profundizan la legitimidad democrática de un sistema al promover al menos cuatro de sus justificaciones. Una crítica válida es la de la interseccionalidad según la cual el binomio entre mujeres-varones esencializa las experiencias de millones de mujeres y fuerza el encasillamiento de la ciudadanía bajo esa heteronormatividad (Hughes, 2011: 604). Sin embargo, lejos de negar la discusión aquí propuesta, esta crítica nos invita a profundizarla para tratar de encontrar más y mejores métodos de representación democrática.

Resulta inevitable, entonces, bajo la dimensión de la calidad de representación, cuestionar el nivel democrático tanto de la ley de Alabama como de su Senado, que cuenta con la proporción más baja de mujeres en todos los EE.UU. (11,7%). No busco aquí defender ninguna ingeniería electoral específica, pues no sólo dependerá de cada sistema electoral (un sistema uninominal como el estadounidense plantea más desafíos que uno proporcional como el nuestro) sino que ese debate excede el escueto punto de este artículo. Lo necesario, sin embargo, es reconocer la importancia de la calidad de la representación como una dimensión moralmente relevante para analizar las credenciales democráticas de una decisión y de un sistema. Ello conlleva la consecuencia ineludible de intentar lograr lo que el sentido común nos dicta: que nuestras legislaturas se parezcan cada vez más al pueblo al que representan.

Referencias:

Hughes, M. M. “Intersectionality, quotas, and minority women’s political representation worldwide”, American Political Science Review, 105, no. 03, 604–20 (2011).

Mill, J. S. “On the Liberty of Thought and Discussion” en On Liberty. New Haven: Yale University Press, 2003 [1859].

Przeworski, A. “Minimalist Conception of Democracy: A Defense” en Democracy’s Value, ed. Shapiro and Hacker-Cordon. Cambridge: CUP, 1999.

Swift, A. “Democracy” en Political Philosophy: A Beginners’ Guide for Students and Politician. Cambridge: Polity, 2013.

Wolff, J. An Introduction to Political Philosophy. Third Edition. Oxford: OUP, 2016.

Young, I. M. “Representation and Social Perspective” en Inclusion and Democracy. Oxford: OUP, 2002.

Foto:
http://udgtv.com/noticias/cientos-protestan-alabama-ley-condena-aborto-homicidio/

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Las ideas y opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de La Dínamo de Ideas.

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  1. 27 mayo, 2019

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