Pensar la política criminal

No parece implausible sostener que el objetivo de la política criminal de un país debe ser generar los mecanismos necesarios para que la cantidad de conflictos disminuyan significativamente. Por lo tanto, cualquier política implementada o a implementarse en este ámbito debe estar sujeta al análisis de si contribuye o no a dicho objetivo y en caso de no hacerlo, deberá ser descartada. Este estándar también tiene otro beneficio y es que permite medir las consecuencias de una política a corto y largo plazo. Los resultados de determinada medida pueden contribuir al objetivo general en un primer momento, pero pueden dejar de hacerlo en otro por lo que parece sensato abandonar/modificar su implementación.

Cabe preguntarnos si la manera en la que respondemos a los conflictos una vez que suceden es materia ajena a nuestra primera pregunta. La respuesta es no. Un abordaje deficiente de los conflictos puede traer como resultado una multiplicación de estos. Sobre todo, cuando se le asigna a la prisión un rol preventivo (ya sea enfocada en el individuo o en el impacto que puede generar en el resto de la sociedad).

Según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas Sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), al 31 de diciembre de 2015, la población penitenciaria del país se elevaba a 76.998 personas. Si bien no hay datos oficiales en cuanto a la tasa de reincidencia, el informe elaborado por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV), estima que la tasa de reincidencia en las cárceles Federales y Bonaerenses es de un 45,2%. Por más que asumamos que también existe un número inevitable de reincidentes, una cifra que alcanza casi a la mitad de la población carcelaria encuestada parece superar un límite que todos estaríamos dispuestos a considerar como razonable.

Los grandes cambios o medidas realizadas en el ámbito de la política criminal de nuestro país suelen responder, mayormente, a las pulsiones punitivas del momento. Cada tanto un caso se mediatiza y alrededor de este circula información errónea. A esto le siguen diagnósticos incompletos sobre las causas que dieron origen a ese hecho particular y un supuesto reclamo generalizado de la sociedad que los mismos medios se encargan de difundir. Cuando ya existe cierto ruido en torno a una problemática, la dirigencia política se encarga de su parte: promesas represivas (nuevos tipos penales, penas más largas, menos derechos durante la ejecución de la pena, etc.). Luego, no siempre, alguna ley es sancionada.

La descripción anterior es una generalización que puede presentar matices, pero que no deja de ser cierta y atraviesa a los distintos gobiernos y partidos políticos. Sin dudas esto representa un problema porque las medidas que suelen adoptarse están lejos de cumplir con el objetivo de reducir los niveles de conflictos. Igualmente, la intención no supone el resultado.

Actualmente nuestro país atraviesa un momento de grandes cambios en materia de política criminal. Lamentablemente, la dirección elegida parece ser la de las políticas de “mano dura”, aunque no siempre sea mencionado en esos términos. Ahora bien, por políticas de “mano dura” debemos entender a aquellas que tienen como finalidad el recrudecimiento del aparato punitivo.

Esto puede observarse en distintos campos. En primer lugar, como bien destaca Tokatlian, en materia de narcotráfico el país se ha inclinado hacia la política de “guerra contra las drogas”, que representa la versión “mano dura” de las políticas en este tema. Esto puede observarse no solo en las medidas tomadas por el gobierno, sino en el discurso y acciones del Presidente frente a este tema.

En segundo lugar, podemos ver cómo las acciones llevadas a cabo por el gobierno frente a distintos problemas en materia de seguridad y criminalidad siguen este camino. Las modificaciones en la figura de flagrancia (facultad policial para detener sin orden judicial a personas que están cometiendo un delito en ese momento), fueron festejadas como un avance contra la famosa idea de la “puerta giratoria”. Ante el femicidio de Micaela García se modificó la Ley de Ejecución de la Pena (24.660) y se prohibió que la gran mayoría de las personas condenadas por delitos sexuales, entre otros, puedan acceder a los distintos tipos de egresos anticipados que prevé la ley y cuyo objetivo es la reinserción progresiva de las personas que se encuentran cumpliendo una condena. Sumado a esto, el Gobierno impulsó el debate por modificar la edad de punibilidad y bajar el mínimo establecido de 16 a 14 años. A pesar de que esta idea recibió una amplia negativa por parte de la comisión encargada de discutir esta reforma, el Gobierno igualmente sostiene públicamente en llevar a cabo esta modificación.

Todas estas medidas tienen problemas que permiten concluir que no contribuyen al objetivo de reducir los niveles de conflicto y, muy probablemente, generan el efecto contrario. Las modificaciones en la figura de flagrancia permiten mayor discreción policial al momento de realizar este tipo de detenciones, lo que acrecienta la posibilidad de la criminalización de ciertos sectores de la sociedad. Además, dado que 51% de las personas privadas de su libertad hoy por hoy no tienen condena firme, la idea de “puerta giratoria” (ver informe SNEEP) parece no ser correcta. Privar a los agresores sexuales de egresos anticipados no contribuye en la resocialización de estos.  Tampoco existen datos oficiales públicos que justifiquen dicha medida en base a una mayor reincidencia en este tipo de delitos. Los estudios realizados en esta materia desmienten esta idea. Por último, existen varios motivos para descartar una baja en la edad de punibilidad. Principalmente, la participación de menores de 16 años en delitos violentos es mínima.

Por último, me gustaría agregar otro nivel de análisis al momento de evaluar la posible contribución de medidas particulares al objetivo general que debe perseguir la política criminal. Muchas de estas medidas suelen importarse. Esto no es necesariamente algo malo, pero debemos ser cautos al momento de hacerlo. Primero, porque los contextos son distintos. Lo que puede servir en un país seguramente necesite varios ajustes para servir en el nuestro. Segundo, porque muchas veces se importan de manera incompleta o se importan medidas que en su lugar de origen se encuentran seriamente discutidas o en desuso.

El concepto de “guerra contra las drogas” fue acuñado en Estados Unidos y expandido al resto del planeta. Sin embargo, hoy en día existe un consenso internacional en la necesidad de abandonar este tipo de enfoque. No solo eso, en Estados Unidos varios estados han legalizado el consumo de marihuana, una medida a contramano del modelo mencionado.

Estados Unidos se caracteriza por ser uno de los países con la mayor cantidad de personas encarceladas por habitantes. Esto sin dudas es producto de una política criminal de “mano dura” que ha sido denominada bajo el nombre de mass incarceration (encarcelamiento masivo). Hoy por hoy, existe un gran consenso en aquel país de que esta política debe ser abandonada. Distintos estudios (Brennan Center for Justice y Vera Institute of Justice) demuestran el fracaso de esta política para intentar reducir los niveles de conflicto y señalan los efectos negativos que ha generado. Sumado a ello, es interesante analizar las medidas adoptadas por los distintos estados para subsanar los efectos negativos del encarcelamiento masivo. El foco está puesto en determinar cómo resocializar efectivamente a las personas que pasaron por la prisión, no en dificultarles el egreso.

Lograr una sociedad con la menor cantidad de conflictos posibles parece ser un objetivo loable y al que cualquier persona podría suscribir sin mayores problemas. Obviamente, esta tarea implica un compromiso serio y políticas integrales que resuelvan los problemas estructurales de una sociedad.

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Las ideas y opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de La Dínamo de Ideas.

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