Por qué las Fuerzas Armadas no deben intervenir en cuestiones de seguridad interior

En los últimos años, en variadas ocasiones se ha tendido a describir el fenómeno del narcotráfico en Argentina como un fenómeno de “mexicanización”. No puedo estar más en desacuerdo con esa descripción, porque la estructura del narcotráfico en nuestro país, así como los factores geopolíticos y sociales que influyen en el desenvolvimiento del tráfico de drogas son bien distintos a los del caso mexicano. Sin embargo, ¿qué ocurre si la mexicanización no proviene de las organizaciones criminales sino del Estado? En otras palabras, ¿qué sucede si las mayores similitudes entre los dos países no se dan por la fenomenología del crimen organizado, sino por las respuestas estatales ante él?

Hace dos días, el presidente de la Nación dio a conocer un plan de reforma de las Fuerzas Armadas que involucra un mayor envolvimiento de las mismas en cuestiones de seguridad interior. Tal postura es entendible desde la perspectiva de un gobierno que se preocupa por hacer más eficiente el gasto de los recursos, y que percibe a las Fuerzas Armadas como un capital ocioso en momentos de paz. Sin embargo, ¿es realmente eficiente involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico? Este breve artículo no aborda la cuestión del involucramiento de los militares en cuestiones de seguridad interior desde una perspectiva ideológica, simplemente trata de mostrar por qué esa decisión no es una buena política pública en el contexto argentino, si lo que se pretende es mejorar la seguridad.

En primera instancia, el entrenamiento de militares y policías es sumamente diferente. Mientras que, al menos idealmente, un policía debe ser formado para usar el uso de la fuerza de una manera proporcional a la amenaza recibida y recurrir a métodos letales únicamente como última instancia, los militares están entrenados para actuar ante amenazas externas de una manera mucho más agresiva. Si bien el crimen organizado es cada vez más un fenómeno transnacional, por supuesto no se trata de una amenaza directa de un Estado extranjero, y la multiplicidad de actores que participan en la particular manifestación del narcotráfico en Argentina posee una gran predominancia de actores locales.

Más importante aún, la enorme tasa de ganancia que las organizaciones criminales poseen –y en especial las dedicadas al tráfico de drogas, el negocio más lucrativo del mundo- hace que las organizaciones estatales sean extremadamente permeables a la corrupción. De hecho, la corrupción producto del narcotráfico afecta a los policías, los burócratas y a los actores políticos de los diferentes niveles de gobierno. Incluir a los militares en la lucha contra el narcotráfico, irremediablemente incrementará las posibilidades de que sean corrompidos, especialmente en el contexto argentino, en el que los salarios castrenses no se caracterizan por su solidez. Hay una desventaja adicional en la relación entre militares y criminales que no se manifiesta en otros actores: el fácil acceso a armas de gran poder de fuego. Si el objetivo es reducir la violencia, una decisión de tal estilo no parece ser la más adecuada.

Incluso peor, existen en el mundo claros ejemplos de organizaciones criminales que fueron directamente creadas por miembros de ejércitos: quizá el caso más conocido es el de una de las organizaciones delictivas más violentas de México, Los Zetas, que a finales de los años 90 surgieron como un desprendimiento de la Armada mexicana (inicialmente como el Cartel del Golfo, que luego sufrió una escisión de la cual surgieron Los Zetas).

Por otra parte, la intervención de Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad ha sido históricamente relacionada con abusos de derechos humanos e incrementos en los niveles de violencia. Por ejemplo, según cifras oficiales, entre 2012 y 2016 hubo más de 500 denuncias por violaciones de derechos humanos –incluyendo torturas y desapariciones- y delitos cometidos por soldados en México, con una altísima alta de impunidad, según un informe de la Oficina de Washington para América Latina.

Otro dato resulta elocuente si lo que se busca es la eficiencia. En 2006 los militares comenzaron a participar en tareas de seguridad en México: mientras que el gasto público ejercido en las funciones de Justicia, Seguridad Nacional, Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior aumentó en alrededor de un 100% entre 2007 y 2011, los homicidios pasaron de 8.2 a 24 cada 100.000 habitantes, es decir, se triplicaron.

Finalmente, incluso los propios militares sufren consecuencias negativas cuando son expuestos a lidiar con temas de seguridad interior, para los cuales no están preparados. No solo porque la tasa de muertes de militares se incrementa, sino también por los efectos psicológicos y los suicidios. Asimismo, la poca eficiencia que los militares muestran para combatir el delito, ha servido para desprestigiar fuertemente a las Fuerzas Armadas en otros países de América Latina, lo que parece ser el objetivo contrario al planteado por el gobierno argentino.

En conclusión, y volviendo a la pregunta inicial, por supuesto que Argentina dista de ser México en cualquier métrica en los que respecta a la criminalidad compleja, pero la participación de los militares no parece ser el camino adecuado para para reducir el narcotráfico y la violencia asociada a él, si es que algo queremos aprender del caso mexicano.

Cuando las escuelas públicas no producen buenos resultados en nuestro país, nadie piensa en enviar guardias de enfermeros a dar clases. Pero cuando la inseguridad es alta siempre se menciona la posibilidad de incluir a los militares en asuntos domésticos. Su posesión de armas no los hace más legítimos ni preparados para esa tarea. De hecho, el problema en nuestro país no parece estar relacionado con la cantidad de policías, ya que Argentina cuenta con una de las tasas de policías por habitantes más altas de la región, con 803 policías cada 100.00 habitantes. Las políticas contra el narcotráfico, la violencia y la inseguridad deben basarse en un mejor uso de los recursos, pero solo de aquellos preparados para afrontar los desafíos de un problema que no debe subestimarse.

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