La responsabilidad de Tucumán de tomarse en serio el debate en torno al aborto

Desde fines de marzo, está teniendo lugar un debate histórico ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, en torno a la despenalización y legalización del aborto. Como señaló Paola Bergallo en el plenario inaugural entre comisiones, el tratamiento por primera vez de esta cuestión representa un gran paso para saldar una de las mayores deudas que la democracia tiene pendiente para con nosotras. Alrededor de 300 expositoras y expositores –tanto a favor como en contra de la despenalización y legalización[1]– han sido escuchadxs en estos casi dos meses y restan por exponer  aún varias voces más[2].

Con este contexto de fondo, el jueves pasado, el Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán ha emitido una resolución, a través de la cual declara a dicha ciudad como “defensora y promotora de la vida, desde la concepción humana en el vientre materno hasta su muerte natural” e insiste en “vedar todo tipo de acción que tenga por objeto la interrupción de la gestación del ser humano por nacer en el vientre materno -acción conocida coloquialmente como aborto voluntario”, así como rechazar y repudiar “toda acción u proyecto que tenga por objeto la despenalización o legalización del aborto y prácticas con objeto de la interrupción de la gestación humana”.

La resolución emitida por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán demuestra, una vez más, la incapacidad de los representantes tucumanos para tomarse en serio los derechos de las mujeres[3] y, principalmente, ignora el debate histórico que está teniendo lugar en el Congreso de la Nación. En estas breves líneas, me propongo presentar algunos argumentos que apoyan esta afirmación.

En primer lugar, es importante señalar que la resolución carece de validez jurídica. Uno de los conocimientos primordiales que adquieren lxs alumnxs de derecho en un curso introductorio, es que la República Argentina “adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal” (Artículo 1 de la Constitución Nacional). Que el nuestro sea un país federal, implica la existencia de una relación de coordinación entre el Estado federal y las provincias y, por tanto, ciertas obligaciones delegadas de forma exclusiva y excluyente en el Estado Federal, no pueden luego ser reclamadas por las provincias. Además, a diferencia de los Estados Unidos –una de las principales influencias de nuestros padres fundadores a la hora de pensar el diseño de nuestra Constitución Nacional–, la sanción y modificación de los códigos de fondo –entre ellos, el Código Penal–, se encuentra en virtud del artículo 75, inc. 12, solo en manos del Congreso de la Nación. Por tanto, el repudio por parte del Consejo Deliberante de la ciudad de San Miguel de Tucumán a una posible y futura Ley Nacional que despenalice y/o legalice el aborto, importaría únicamente un efecto simbólico. Si no fuera éste el efecto buscado, los concejales de la capital tucumana merecen mínimamente un llamado de atención por el severo desconocimiento de nuestra organización constitucional.

En segundo lugar, tomarse en serio el debate que está teniendo lugar en el Congreso, debería traducirse en un esfuerzo de los concejales tucumanos por dejar de lado los lugares comunes, las convicciones morales, religiosas y personales y abrazar el deber democrático de brindar razones válidas. A propósito de ello, las presentaciones en el Congreso de Natalia Volosin y Darío Sztanjsrajber resultan potentes recordatorios sobre el deber que les atañe a nuestros representantes en esta discusión. La abogada Natalia Volosin, continuando con el legado del gran Carlos Nino, insistió ante los diputados en abordar la discusión con esta responsabilidad. En este sentido, subrayó que: “la democracia constitucional en la que hemos decidido resolver nuestros desacuerdos morales más profundos, establece algunas reglas deliberativas básicas. Es decir, las razones por las cuales valoramos (…) a la democracia y a la Constitución implican que no cualquier argumento es legítimo y válido a la hora de decidir, por ejemplo, sobre el alcance y los límites de los derechos de las personas. Si además se trata de decidir sobre un colectivo cuyos derechos han sido históricamente violados, como es el caso de las mujeres y sobre una política pública que castiga de manera desproporcionada a un grupo vulnerable, es decir, las mujeres pobres, entonces (…) la responsabilidad que tienen todos ustedes de ofrecer razones públicas para decidir en uno u otro sentido es mucho mayor aún”[4].

El filósofo Darío Sztajnszrajber, en línea similar, reforzó la necesidad de pensar y abordar el aborto como una problemática política, no metafísica: “El aborto es una cuestión política, hablemos entonces de política (…). Nuestra sociedad tiene que hacerse cargo de garantizar que cada cual pueda desarrollar en su vida privada la concepción metafísica que desee, lo único que debe resguardar la ley es que nadie imponga su propia concepción como razón de Estado. Cualquier cosmovisión metafísica puede ser, para quien la profese muy beneficiosa en la formación del sentido de las personas, pero se vuelve autoritaria cuando se pretende norma universal”[5].

En una provincia que históricamente ha violado los derechos de las mujeres, empezar a tomarnos en serio requiere escucharnos; reconocer de una vez la historia que hemos ido tejiendo a lo largo y ancho de este país, de todos estos años de lucha que finalmente hoy desembocaron en un debate histórico en el Congreso de la Nación. Para tal empresa, los legisladores tucumanos deben comprometerse con nuestra democracia constitucional: dejar de lado sus convicciones personales y obligarse a respetar la Constitución Nacional.

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[1] Monitoreo del debate sobre legalización del aborto en Argentina, REEDAS, ELA Y CEDES, Abril de 2018. Disponible aquí: http://www.redaas.org.ar/archivos-actividades/89-Monitoreo%20aborto%20-%20Primeras%20dos%20semanas.pdf.

[2] Mariana Carbajal, “Argumentos de uno y otro lado”, Página 12, 6 de mayo de 2018. Disponible aquí: https://www.pagina12.com.ar/112826-argumentos-de-uno-y-otro-lado.

[3] Para un panorama más profundo del estado de situación de los derechos reproductivos en la provincia de Tucumán, véase: Soledad Deza, Mariana Álvarez y Alejandra Iriarte, Jaque a la Reina: salud, autonomía y libertad reproductiva en Tucumán, Editorial Cienflores; Católicas por el Derecho a decidir, 2014. Véase también la exposición de la abogada Soledad Deza ante la Cámara de Diputados de la Nación. Disponible aquí: https://www.youtube.com/watch?v=ZqQ6mfr-9DA.

[4] Reunión informativa de plenario de comisiones del 17/4/2018 para debatir la legalización del aborto. Exposición de la Dra. Natalia Volosin.

[5] Reunión informativa de plenario de comisiones del 17/4/2018 para debatir la legalización del aborto. Exposición del Licenciado Darío Sztajnszrajber.

Foto: https://lanotatucuman.com/una-ordenanza-municipal-intenta-anticiparse-a-la-decision-del-congreso-y-prohibir-legalizacion-del-aborto/

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