La ley de cupo y las (supuestas) preferencias de género

En noviembre de 1991, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en sancionar una ley de cupo femenino (Ley 24.012), la cual estableció que las listas de los partidos políticos que se presentaban a las elecciones debían estar integradas, como mínimo, por un 30% de mujeres, además de especificar otras cuestiones.

En la actualidad, en el ranking con países con mayor proporción de mujeres en la Cámara de Diputados, Argentina se ubica en el puesto número 15, con una representación del 38.9% (Ranking Inter-Parliamentary Union, 2015), siendo Rwanda, Bolivia y Cuba los países con mayor representación (61.3%, 53.1% y 48.9% respectivamente). Aun así, y pese a la existencia de la ley, las quejas por el incumplimiento de la Ley de cupo por parte de los partidos políticos son una constante cada año de elecciones legislativas. Además, en los últimos años Argentina pareciera haberse estancado en la convergencia de ese porcentaje: luego de la ley comenzó a aumentar rápidamente, pero a partir de los años dos mil los avances han sido pocos en materia de representación legislativa.

Recientemente, algunos países han intentado avanzar hacia el concepto de democracia paritaria, buscando que la participación de las mujeres en la política sea del 50%. En otras palabras, lo que se intenta poner en discusión es si ese piso mínimo de 30% no debería transformarse en una ley que tenga por objetivo establecer que las listas deben ser integradas por igual proporción de hombres y mujeres, en línea con la que se observa en la población en su conjunto. Frente a esta alternativa, algunos analistas han llegado a afirmar que tal medida beneficiaría al género femenino, al tiempo que perjudicaría al género masculino.

La idea radica en que, según ciertos estudios (no sabemos cuáles), o a través de una rápida mirada sobre preferencias de la población, podemos ver que existen menos mujeres que hombres con intenciones de participar en la política, por lo que, si se estableciera un cupo del 50%, se estaría beneficiando a las mujeres dado que existirían más bancas disponibles para menor cantidad de candidatas.

Es cierto (o muy probable) que si se realizara una encuesta sobre preferencia de cargos políticos obtendríamos un mayor nivel de preferencias en hombres que en mujeres, pero esto está muy (muy) lejos de indicar que eso se debe a una cuestión de género, a una cuestión de preferencias de las mujeres que no se puede cambiar.

Es imposible determinar si esas diferencias en las preferencias se deben, justamente, a las pocas posibilidades de llegar a un determinado puesto por la condición de género, lo que desincentiva las preferencias por esos trabajos o cargos.

Podríamos, también, imaginar una encuesta realizada en la década del sesenta para analizar cuál es el rol de la mujer en la sociedad según las propias mujeres. No caben dudas de que hubiese existido un amplio rango de respuestas diciendo que ese lugar se encuentra en el hogar cocinando y/o esperando por el “hombre de la casa”. Los analistas que hoy apelan a “estudios que muestran diferencia de preferencias” probablemente hubiesen afirmado en ese contexto que no se requerían manifestaciones ni reclamos por mayores condiciones de igualdad entre géneros en el mundo laboral, por ejemplo, dado que las mujeres estaban bien en los hogares, porque así lo preferían, y nos perdíamos de saber, tal vez, que las mujeres salían poco al mundo laboral porque no tenían las mismas oportunidades ni derechos, y porque “debían” quedarse en casa.

Hasta aquí hemos abordado el argumento sobre las preferencias y sobre cómo éstas cambian a lo largo del tiempo, sobretodo guiadas por los incentivos. No obstante, muchos de los analistas ya mencionados han dicho que esas preferencias están por fuera de los cambios culturales, sociales o políticos, y que son inherentes a la condición de género, que son producto de la “naturaleza”, que “a las mujeres les gusta esto y a los hombres aquello”.

Sin embargo, como bien afirma en su tesis doctoral la Licenciada en Biotecnología, Lucía Ciccia (se puede acceder a una entrevista acá), no es para nada claro que existan, de hecho, diferencias entre los cerebros de un hombre y una mujer. No se puede determinar, sin conocer de antemano el género de la persona que tenía ese cerebro, si éste pertenece a un hombre o una mujer.

Incluso si existieran esas diferencias, afirma Ciccia, se tienen severas limitaciones metodológicas para afirmar que se deben a condiciones innatas, y no culturales.

Si hay algo que caracteriza al cerebro de nuestra especie es su plasticidad para incorporar experiencias y adaptarse a lo que uno va viviendo. El cerebro se adapta a lo que se necesita, por lo que no se puede garantizar que a la hora de encontrar diferencias entre los géneros no estemos, en realidad, viendo el reflejo de lo que la sociedad le indicó a esa persona (hombre o mujer) que tenía que hacer. La única forma de comparar cerebros (y que sea válida esta comparación) es analizando cerebros que se hayan desarrollado exentos de cualquier tipo de influencia social y/o cultural, lo cual no parece ser plausible.

Cualquier tipo de afirmación que asegure que el hombre tiene un cerebro que lo lleva a buscar por trabajos y/o profesiones con mayores riesgos o competencia puede estar cayendo en este grave problema metodológico.

En definitiva, no se puede afirmar que una ley que busque establecer el cupo mínimo femenino del 50% pueda estar beneficiando a ese género porque a las mujeres les interesa menos la política. Tal vez una encuesta sobre preferencias avale ese argumento, pero ya hemos mencionado que las diferencias de las preferencias están guiadas por los cambios sociales y los incentivos y que, por más que sean preferencias innatas comprobadas por “estudios científicos”, tampoco tenemos la certeza de que sea válida la metodología empleada por la investigación.

Si continuamos con este tipo de argumentos que se reducen a una cuestión de preferencias podremos retroceder tanto, pero tanto, que no debería sorprender que aparezca a la brevedad alguien a decir que no deben votar, puesto que no les gusta la política.

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