La falacia de la mano dura

Durante los últimos días, hemos experimentado una defensa del modelo de “mano dura” para combatir el delito en Argentina, tanto desde sectores de la política, los medios de comunicación y la sociedad en general. No es mi intención aquí hacer una valoración normativa sobre la cuestión, por el contrario, mi único objetivo es proveer un breve acercamiento a la evidencia en el tema. En otras palabras, dados los estudios existentes en la materia, ¿podemos decir que las políticas de mano dura son eficaces para reducir el delito? Para responder, primero presento una aproximación al más típico y sencillo modelo del delito usado en la economía, para luego sintetizar la evidencia y realizar un breve comentario sobre el caso argentino.

Un modelo económico del delito

El modelo más sencillo para explicar la actividad delictiva fue desarrollado por el economista Gary Becker, ganador del premio Nobel de economía en 1992. Según el modelo más básico, los delincuentes son actores racionales que comparan el beneficio de cometer un crimen –su ganancia-, con su costo. Mientras la utilidad esperada de cometer un delito sea mayor a la de realizar actividades legales, los criminales decidirán llevar adelante su accionar delictivo. El costo del delito se compone de la severidad de la pena multiplicada por la probabilidad de ser detectado cometiendo un delito. En otras palabras, si la pena es muy alta –por ejemplo, muchos años en prisión- pero no existe probabilidad alguna de ser detenido, el costo de cometer un delito será cero. Del mismo modo, si la probabilidad de ser detectado es muy alta, pero las penas son inexistentes, el costo también será nulo.

Por supuesto, el modelo es una simplificación de la realidad que no considera la verdadera complejidad del problema. Factores sociales, económicos, ambientales y culturales son también importantes a la hora de entender por qué una persona decide actuar fuera de la ley. Asimismo, la presunción de racionalidad ilimitada que el modelo le asigna a los actores criminales no se ajusta a la realidad.  Sin embargo, el modelo es útil para aproximarse al problema y más importante aún, es también la idea inherente de quienes impulsan un modelo de mano dura: incrementemos la severidad de las penas –en ocasiones hasta por fuera del marco legal- para disminuir la criminalidad.

La evidencia sobre el tema

Muchos estudios se han realizado en diversas partes del mundo para tratar de entender cuál es el efecto de las políticas de mano dura –por ejemplo, de un aumento de las penas- sobre el delito. Como casi siempre, la evidencia no es del todo concluyente, pero una interesante revisión de los principales estudios realizada por Durlauf y Nagin muestra que el efecto disuasorio del incremento de las penas en la reducción del delito es al menos muy modesto, y sin duda alguna muy lejos de los fuertes impactos que se suelen asumir en el discurso público.

Sin embargo, los autores van más allá y analizan también el otro factor incluido en el cálculo del costo del delito: la probabilidad de ser detectado y eventualmente castigado. Debido a la disponibilidad de datos, los autores se centran en el efecto disuasorio de la presencia policial. Para aquellos preocupados en la dificultad de extrapolar conclusiones realizadas en otros países a la realidad local, la revisión de los autores incluye un artículo sobre Argentina escrito por Di Tella y Schargrodsky, que emplea variaciones en la cantidad de policías debido al ataque terrorista a la AMIA en 1994 -que puede considerarse como un factor no relacionado con el delito común- para analizar el efecto de la presencia policial en la criminalidad.

La conclusión de los autores es que la presencia policial es mucho más eficaz que el aumento de las penas en la reducción del delito, aunque los efectos específicos varían dependiendo del tipo de intervención.

¿Más policías como solución?

Dados estos resultados, una primera conclusión es clara: mientras que en el modelo explicado al principio de este artículo la severidad de la pena y la probabilidad de ser detectado parecen tener la misma relevancia, la evidencia empírica muestra que no es así. Por el contrario, la probabilidad de ser castigado y detectado tiene mucho más peso que la intensidad de la pena en sí misma, lo que en términos más específicos implica que en promedio, los delincuentes no son aversos al riesgo.

Una potencial conclusión para el caso argentino que de hecho podría derivar de una aplicación directa del artículo de Durlauf y Nagin- es que en lugar de aumentar las penas, la política criminal de nuestro país debe aumentar la cantidad de policías. Sin embargo, un análisis no tan apresurado muestra que –según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito– Argentina posee un total de 803 policías cada 100.000 habitantes. ¿Cómo se compara este guarismo con otros países? La comparación  no presenta grandes dificultades, se trata de uno de los valores más altos del mundo.

En ese sentido, incrementar la cantidad de policías en Argentina no parece ser una estrategia óptima para reducir el delito. Por el contrario –y sin entrar en detalles sobre otras políticas de reducción de la violencia más eficientes, tales como la prevención social- si el foco es puesto en incrementar la probabilidad de que los delincuentes sean aprehendidos, nuestro país debería focalizar sus esfuerzos en dos puntos.

Primero, en lugar de aumentar la cantidad de policías, es preciso mejorar su eficacia, primordialmente a través de educación, tecnología y reformas institucionales profundas. Es al menos llamativo que una gran cantidad de los policías en nuestro país –y especialmente aquellos de orden local-, tienen solamente unos pocos meses de formación antes de salir a las calles armados a enfrentar el delito.

Segundo, es preciso mejorar el sistema de administración de justicia. En muchos casos el problema no es la falta de detección de los delitos, sino la ausencia de procesos judiciales eficaces y ligeros. Según datos del Índice Global de Impunidad, en Argentina el total de encarcelados por homicidios en relación a los homicidios totales es de 1.46, comparado con un promedio de 7.35 para los 59 países de la muestra. Al mismo tiempo, las cárceles argentinas tienen alrededor de un 50% de condenados sin sentencia, generando claras distorsiones en los incentivos a no delinquir.

En suma, las estrategias contra el delito deben ser enfocadas desde una perspectiva multi-agencial, pero si el foco está puesto en incrementar los costos del delito, mejorar la calidad de la policía y del sistema de justicia parece ser mucho más eficiente que simples incrementos de las penas. Así, realizar inversiones en desarrollo institucional parecen ser no solo conveniente,  si no también tener una ventaja en términos de costo-beneficio, pues se trata de la única forma de reducir el delito sin incrementar la cantidad de personas en prisión, que sin duda representan un costo creciente para el Estado, sin siquiera considerar la efectividad de las cárceles argentinas, que deberá ser el tópico de otro artículo.

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Las ideas y opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de La Dínamo de Ideas.

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