La crítica luego del alivio… el caso sobre educación religiosa en escuelas públicas de Salta

En el día de ayer la Corte Suprema resolvió un caso que tuvo en vilo a muchos argentinos, al menos a muchos que yo conozco. Los jueces supremos emitieron un pronunciamiento muy esperado dadas las implicancias que necesariamente tendría sobre el sistema democrático argentino. Me refiero al caso en el que estaba en discusión la constitucionalidad del dictado de educación religiosa en las escuelas públicas en la provincia de Salta, en concreto del artículo del art. 27, inc. ñ, de la ley provincial de educación 7546 la cual establece que la instrucción_ religiosa “integra los planes de estudio y se imparte dentro de los horarios de clase, atendiendo a la creencia de los padres y tutores quienes deciden sobre la participación de sus hijos o pupilos. Los contenidos y la habilitación docente requerirán el aval de la respectiva autoridad religiosa”.

Además de esta inconstitucionalidad, la parte demandante planteó que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 49 de la Constitución provincial y 8°, inc. m, de la ley 7546 mencionada que establecen que “los padres y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, para el caso de que la Corte validara las conductas llevadas a cabo por el Estado provincial que son cuestionadas por ella. En concreto, peticionaron el cese de la enseñanza de la religión católica en dichas escuelas y de toda práctica religiosa dentro del horario escolar, por considerarlas violatorias de los derechos constitucionales de libertad de culto, religión y conciencia, de igualdad, educación libre de discriminación y respeto a las minorías étnicas y religiosas, y de privacidad.

Amigos y amigas a quienes quiero y admiro mucho fueron los artífices del caso y de su estrategia. Fue una tarea muy ardua tanto de parte de ellos como de las familias que aceptaron ser parte del caso de la que rescato en particular la valentía de hacer frente a un status quo religioso que impregna toda la vida cotidiana en Salta y que a su vez obtura, en tanto busca disciplinar, cualquier mirada que se aparte de él. Tengamos en cuenta que las demandantes viven en Salta y tienen hijos que asisten a la escuela pública allí. La reprobación social ante sus planteos apenas podemos llegar a comprenderla. En este contexto de abrumadora mayoría católica es admirable la tenacidad con la que sostuvieron sus planteos en los tribunales de Salta y luego ante la Corte Suprema.

Por ello es que no se puede menos que celebrar que la Corte haya sostenido la inconstitucionalidad del inciso ñ tal como había sido solicitado por la parte actora del juicio revirtiendo de esta forma la decisión del máximo tribunal salteño. En especial esta decisión fue celebrada porque, luego de las exposiciones y preguntas en la audiencia pública que había convocado la Corte para discutir el caso, quedó flotando en el aire, y en el agua, el acuciante temor de que la Corte declarara válida en términos constitucionales la norma y las prácticas que habilitan la enseñanza de educación religiosa en horario escolar.

Ya pasada la emoción que generó el hecho de que este temor fuera sorteado de forma favorable, corresponde analizar en términos críticos los fundamentos de la Corte, tanto por lo que dice como por lo que omite decir.

En primer lugar, la Corte continúa con la cantinela de que el mandato constitucional (art. 2) de que el Estado nacional debe sostener al culto católico, el cual debe entenderse como sostén y protección económica de los gastos de ese culto pagados por el tesoro nacional, privilegio que no implica que este culto revista el carácter de religión oficial del Estado argentino. Sin embargo, este artículo fundamentó la paulatina confesionalización del Estado a través de la sanción de normas y prácticas del más variado tipo que confieren a la religión católica un status jurídico privilegiado que se refleja en el código civil, la ley de medios, el pago de sueldos y jubilaciones a obispos, el abandono de la exclusividad de la educación pública laica, símbolos religiosos católicos en oficinas del Estado y espacios públicos tales como tribunales, fuerzas armadas, ministerios, escuelas, subtes, hospitales, plazas, etc. Este beneficio ha significado el despliegue a su vez de muchos otros que contribuyeron a instaurar a la iglesia católica, de hecho, como un poder político en nuestra organización nacional incluso con poder de veto sobre temas que atañen a minorías denostadas por esta creencia religiosa, como son las mujeres y personas homosexuales, piénsese por ejemplo en el aborto.

Una vez un colega me dijo que argumentar que el Estado argentino es confesional era darle razones a la iglesia católica para que obtenga privilegios aún mayores. Sin embargo, si tenemos en cuenta el esfuerzo del máximo tribunal por resaltar que la neutralidad religiosa es un valor en nuestra constitución (dicen, “la noción de neutralidad comprende no solo la no preferencia respecto de ninguna posición religiosa en particular -incluso’ la de los no creyentes-, sino también una faz de tolerancia hacia todos aquellos que quieran profesar su culto en el ámbito escolar”), creo que es hora de que desenmascaremos al artículo 2 y nos comprometamos en serio con la laicidad estatal.

Un segundo tema que considero que la Corte trata de forma deficiente se vincula con la libertad de los padres, enarbolada por varios tratados internacionales de derechos humanos enumerados por la Corte, de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Aquí los jueces se centran en el derecho de los adultos sin hacer ninguna referencia al derecho a la libertad de culto y conciencia de niños, niñas y adolescentes y omitiendo examinar las normas impugnadas a la luz de instrumentos internacionales más recientes.

La Convención de los Derechos del Niño en su artículo 14 luego de reconocer el derecho a la libertad de culto y de pensamiento de los niños restringe el derecho de los padres a decidir de forma plena sobre la formación moral y religiosa de sus hijos a sólo guiar el ejercicio del derecho de la persona menor de edad conforme la evolución de sus facultades decisionales. Esto implica la reestructuración y correlativa disminución de la necesidad de dirección y orientación por parte de sus padres, la cual debe ejercerse desde un lugar de acompañamiento y asistencia. Debe recordarse que esta Convención fue sancionada de forma posterior a aquellas citadas por la Corte. Lamentablemente los jueces supremos no se acordaron de, o eligieron ignorar, esta Convención…

Esta fundamentación no utilizada es importante ya que el principal argumento de los jueces supremos para considerar constitucional el articulo 49 es que “replica casi literalmente las normas del derecho internacional de los derechos humanos citadas en el considerando 14” Hasta acá, puede entenderse e incluso celebrarse que la Corte reafirme su compromiso recientemente tambaleante con el derecho internacional de los derechos humanos constitucionalizado en la reforma del año 1994. No obstante, no sólo se olvida de mencionar una Convención directamente vinculada a la materia bajo análisis, sino que más adelante considera que el aditamento que los constituyentes y legisladores salteños hacen a estos tratados relativo a que el derecho a la libertad religiosa “debe ser asegurado en el ámbito de la “escuela pública”” no es lo suficientemente relevante como para considerar inválido el articulo 49 y su ley respectiva, razón por la cual terminan aceptando que la escuela pública se utilice para dar clases de religión –si, fuera del horario escolar, pero en el establecimiento escolar público.

Para ser justos con los jueces, en el inciso 35 se lee la única referencia a los derechos de los niños en la materia cuando se refiere al derecho que tienen los alumnos de las escuelas públicas de Salta a recibir contenidos de historia y filosofía de las religiones dentro del plan de estudios y en horario escolar, expuestos de manera objetiva y neutral. En un contexto de una mayoría casi absoluta de católicos es difícil vislumbrar como se llegaría a una “unidad en la diversidad” o “pluralismo educativo” como dice la Corte.

En el considerando 17 dicho tribunal señala que la cuestión a resolver queda circunscripta al examen del inciso ñ del art. 27 de la ley 7546 -mediante el cual se reglamenta el derecho previsto en el referido artículo 49 de la Constitución de la Provincia de Salta- y de su aplicación por las autoridades educativas locales. Esta cláusula dice que, “son objetivos de la Educación Primaria en la provincia de Salta: (..).ñ) Brindar enseñanza religiosa, la cual integra los planes de estudio y se imparte dentro de los horarios de clase, atendiendo a la creencia de los padres y tutores quienes deciden sobre la participación de sus hijos o pupilos. Los contenidos y la habilitación docente requerirán el aval de la respectiva autoridad religiosa”.

El máximo tribunal con un análisis que tal vez sea el más decente de todo el caso, junto con el análisis sobre el principio de autonomía, concluye que esta normativa provincial lesiona los derechos a la igualdad y a la no discriminación. Un párrafo que sintetiza la metodología de análisis es el 18 donde indica que, “En el marco que plantea la Constitución de 1994, la igualdad debe ahora ser entendida no solo desde el punto de vista del principio de no discriminación, sino también desde una perspectiva estructural que tiene en cuenta al individuo en tanto integrante de un grupo. El análisis propuesto considera el contexto social en el que se aplican las disposiciones, las políticas públicas y las prácticas que de ellas se derivan, y de qué modo impactan en los grupos desventajados, si es que efectivamente lo hacen”.

Este párrafo y otros concomitantes me disparan varias reflexiones. Aquí solo adelantaré dos. La primera es que, aunque llegue por lo menos una década tarde, era hora que la Corte se arme de este análisis estructural de la igualdad y no discriminación. Por supuesto sería deseable que lo emplee en casos donde estén en juego derechos económicos y sociales… sí, lo sé, tal vez sea mucho desear…

La segunda reflexión consiste en que tal enfoque estructural según la Corte debe considerar el contexto social en el que se aplican las disposiciones. Si quiere ser fiel a su propuesta de análisis debe contemplar que en Argentina el credo católico goza de una hegemonía casi total, cosa que hace en términos menos vehementes que éste en el considerando 24 cuando reconoce esta hegemonía católica al afirmar que “resulta incuestionable que el contexto social en el que se aplica la norma se caracteriza por una preponderancia de la población que profesa la religión católica”, a lo que luego agrega, “que ningún otro credo que el mayoritario se enseña en las aulas”. Ante la constatación de la preponderancia del catolicismo en la población salteña (en el año 2013 más del 90 % de la población salteña se definía como católica según Mallimaci y su Atlas de las creencias religiosas en Argentina), se torna sorprendente, cuando no inconsistente, que consideren válido un artículo de la Constitución que tiene también, al igual que el inciso de la ley que declaran inconstitucional, vistos neutrales pero un impacto claramente desigual ya que el derecho de los padres a educar a sus hijos en la escuela pública en sus creencias, debe en realidad leerse como educar a sus hijos en sus creencias católicas.

Otro acto de inconsistencia argumentativa se observa cuando por un lado establecen que el derecho a la igualdad y no discriminación se ve entonces afectado por el inciso ñ de la ley provincial respecto de quienes profesan cultos distintos al católico o no profesan ninguno, pero por el otro sostiene que es constitucional impartir clases de religión fuera del horario escolar. Aquí cabe agregar, como discuto más adelante, que no brinda parámetros respecto de cómo debería ser esa educación religiosa extra clases ni quién debería estar a cargo de la misma (hoy está a cargo de ella el arzobispado de Salta…).

Es cierto, que ha sido la misma parte actora quien estrechó el alcance de un eventual pronunciamiento de la Corte sobre este tema cuando en su demanda reconoce que el principio de neutralidad no implica que la escuela pública deba prescindir del fenómeno religioso, al admitir la posibilidad de que se enseñen los distintos cultos fuera del horario de clase. Esta también ha sido la postura salomónica del procurador ante la Corte. Creo que aquí se encuentra el nudo central de por qué no se pudo avanzar hacia una interpretación más laica de nuestro texto magno.

El último comentario que aquí ofrezco se refiere a que en el fallo no hay una crítica concreta respecto de la parte del inciso ñ que dice que, “Los contenidos y la habilitación docente requerirán el aval de la respectiva autoridad religiosa”. Uno puede asumir que la Corte no estaría de acuerdo con que la currícula neutral que se desarrolle sobre religión tenga tal aval; sin embargo, y dada la gravedad de tal injerencia, la Corte debería haber sido más específica sobre este punto afirmando que los contenidos y docentes que vayan a enseñar educación religiosa en la escuela pública fuera del horario de clase la fija el Estado y no una religión en particular. Caso contrario la Corte estaría dándole un guiño favorable al culto que hasta ahora administró el conocimiento sobre este tema. Pareciera que la única parte del inciso ñ que cuestiona el Máximo Tribunal es el referido a que se enseñe religión en la escuela pública en horario de clases y no quién ni qué.

Ya ahora sí para finalizar, necesitaré que algún abogado de verdad, de esos que ejercen la profesión en los tribunales, me expliqué por qué los jueces supremos dieron las costas por su orden. En este sentido argumentan “dada la complejidad del caso” … un caso complejo es el del saneamiento del Riachuelo o el de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, pero este no parece tener tal nivel de complejidad técnica, salvo que por complejidad se refieran a las sensibilidades católica que pudieran llegar a herirse …

Ah, me olvidaba, sobre el voto en parcial disidencia de Rosatti solo señalaré (es largo y está más difícil escrito) que nos permite conocer con qué bueyes aramos.

__________________________________

Las ideas y opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de La Dínamo de Ideas.

2 Comments
  1. 20 diciembre, 2017
    • 21 diciembre, 2017

Responder

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *