La cara no visible de la desigualdad de género

Al día de hoy las mujeres se encuentran en una situación de desventaja frente a los hombres en el mercado laboral en términos de salarios reales y roles. Por ejemplo, en Argentina las mujeres con más de 13 años de escolaridad ganan el 69% del salario de los hombres con igual nivel de escolarización, mientras que si consideramos a las mujeres con 0 a 9 años de escolarización esta cifra desciende al 59%. Asimismo, es común el debate respecto a que en Argentina las mujeres ocupan un porcentaje mínimo de cargos en la toma de decisiones (en el 2016 el 19% de los cargos ministeriales del Poder Ejecutivo, el 35% de los cargos de Legislativo, el 20% de los cargos Judiciales, y el 0% de los cargos en el Directorio del Banco Central) (CEPAL, 2017).

Sin embargo, poco y nada se habla respecto a la desigualdad de género existente en el ámbito universitario. Si bien es cierto que en Argentina el total de la población no tiene posibilidad o interés de abocarse a estudios superiores, la tasa bruta de matrícula fue del 80% en el 2013 (CEPAL, 2016), es decir que ese porcentaje de la población se matriculó en estudios superiores independientemente de si terminó, continuó, o incluso inició el cursado de sus estudios.  No obstante, a pesar de que no nos revela la tasa de egreso, este dato es relevante porque refleja el interés de la población argentina en continuar con su capacitación, con perspectivas a obtener mejores posibilidades laborales. La idea de que en Argentina “hay que tener un título para ser alguien” parece estar plasmada en este número. Es interesante notar que este no es el caso en todos los países de América Latina, ya que por ejemplo en Honduras esta tasa es del 16%, y en México del 29%. Si consideramos este dato por género, nos revela una tasa de matriculación en estudios superiores del 60% de los hombres y del 99% de las mujeres en edad de cursar estudios superiores. Por lo tanto, las mujeres están interesadas en ello, más allá de si logran alcanzar este objetivo o no.

Por otro lado, consideremos que el 70% de las mujeres es madre en el rango de edad de 10 a 99 años, mientras que al considerar a las mujeres mayores de 30 años esta cifra asciende sistemáticamente hasta llegar al 90% en mujeres de 45 a 64 años. Por lo tanto, si bien es una generalización decir que “la mujer es madre”, esta afirmación representa a un gran porcentaje de las mujeres del país (CEPAL, 2016).

No obstante, actualmente en la Argentina las mujeres embarazadas y madres no cuentan con ningún mecanismo legal o institucional que las ampare y garantice el derecho al acceso, la permanencia y el egreso en la educación universitaria. Como consecuencia, se encuentran desprotegidas frente a la arbitrariedad del sistema universitario de su elección, y dependen de sí mismas y de su entorno familiar para conseguir transitar y finalizar con éxito sus estudios universitarios.

En estudios realizados en otros países de la región, se encuentra que la falta de recursos económicos es el principal motivo que lleva a los hombres a dejar la universidad, mientras que el embarazo y/o la maternidad son el principal motivo de abandono universitario en mujeres (en México, por ejemplo, lo advierte la Encuesta Nacional de Deserción de Educación Media Superior).

Teniendo en cuenta el factor económico como motor de abandono universitario, el Estado argentino tomó medidas para sustentar a los estudiantes que más lo necesitan. Incluso las universidades privadas dieron grandes pasos en sus esfuerzos para ofrecer becas para matrículas, cuotas e incluso gastos de libros y vivienda. Sin embargo, poco y nada se ha impulsado desde el Estado para garantizar que embarazadas y madres accedan a su derecho a la educación superior. Esta problemática cobra relevancia al tener en cuenta que, como se mencionó, el 99% de las mujeres en edad universitaria muestran interés en instruirse y que el 57.4% de los estudiantes universitarios de grado y el 58.2% de posgrado son mujeres (Departamento de Información Universitaria, Ministerio de Educación de la Nación, 2014).

Sumado al hecho de que –ahora- sabemos que el 70% de las mujeres de más de 10 años tienen al menos 1 hijo, debemos entender que la etapa de mayor fertilidad en la vida de la mujer coincide con la etapa de educación superior, de modo que no se trata de un fenómeno aislado sino de una problemática que afecta al grueso de la población femenina. Asimismo, el  58.5% de las mujeres entre 17 y 50 años son madres y cursan o cursaron estudios superiores, y al considerar mujeres de más de 30 años esta cifra asciende  hasta superar el 85%.

La ausencia de medidas gubernamentales que garanticen a las mujeres embarazadas y madres el derecho al acceso, la permanencia y el egreso en la educación superior afecta no solo a este grupo poblacional sino también a sus hijos. En efecto, la imposibilidad de las madres de estudiar una carrera universitaria redunda en una perspectiva laboral más precaria y en menores ingresos económicos para el hogar (en el 2014 el 33% de los hogares argentinos tuvieron a una mujer como principal aportante de ingresos –CEPAL, 2016-). Asimismo, el nivel de educación de la madre es el principal predictor de la educación de los hijos, más que el nivel de educación del padre.

En Argentina existen leyes que regulan el comportamiento de la escuela secundaria y superior no universitaria en situación de embarazo y maternidad. La ley extiende la cantidad de inasistencias permitidas por controles médicos, parto, y período de lactancia y permite retrasar las fechas de evaluaciones para la estudiante madre. Análogamente, existen leyes laborales que protegen a la mujer madre durante el embarazo y la maternidad: se establece un régimen especial de licencias por controles médicos, pre parto y post parto –que es de 90 días y en los sectores más afortunados llega hasta 180 días- y eventualmente por cuidado del hijo a su cargo.

Sin embargo, en las instituciones universitarias las regulaciones que puedan encontrarse dependen de cada universidad o facultad y son más bien el resultado de una lucha “desde abajo”, como resultado de demandas de las estudiantes, antes que de una oferta que provenga de iniciativa de las autoridades. Al no existir medidas gubernamentales que garanticen la educación universitaria en las mujeres embarazadas y madres se violan los artículos 1º, 2º, 7º, 13º, 27º y 58º de la Ley de Educación Superior Argentina, en los cuales se establece que el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable sobre la educación superior, en tanto la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho humano personal y social; que esto implica garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso; que deben profundizarse los procesos de democratización en la Educación Superior, contribuir a la distribución equitativa del conocimiento y asegurar la igualdad de oportunidades, incrementando y diversificando las oportunidades; que los estudiantes de las instituciones estatales de educación superior tienen derecho al acceso al sistema sin discriminaciones de ninguna naturaleza, así como a obtener becas, créditos y otras formas de apoyo económico y social que garanticen la igualdad de oportunidades y posibilidades,; que las instituciones universitarias tienen por finalidad la generación y comunicación de conocimientos del más alto nivel en un clima de libertad, justicia y solidaridad; y que corresponde al Estado nacional asegurar el aporte financiero para el sostenimiento de las instituciones universitarias nacionales, que garanticé su normal funcionamiento, desarrollo y cumplimiento de sus fines.

Asimismo, al analizar la Ley de Educación Superior Argentina llama fuertemente la atención la existencia del Artículo 7º que establece la postergación o adelanto de exámenes o evaluaciones parciales o finales para deportistas, más no se establece un sistema de inasistencias justificadas o postergación o adelanto de exámenes por embarazo, parto y postparto. A su vez, desde la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias se han desarrollado distintos programas de Bienestar Universitario como los relacionados al deporte universitario, la discapacidad, la identidad de género y los pueblos originarios, entre otros, aunque no existen programas que acompañen y asistan a mujeres embarazadas y madres.

Por lo tanto, es imprescindible que el Estado tome acciones para palear la desigualdad de género existente en el ámbito universitario, y que haga cumplir las leyes de Educación Superior a través de la implementación de inasistencias justificadas y postergación o adelanto de evaluaciones  por estado de gravidez, parto, posparto y amamantamiento; y que proporcione asistencia monetaria directa a aquellas estudiantes que por su maternidad se verían impedidas de iniciar o continuar sus estudios, y/o indirecta a través de la disponibilidad de guarderías universitarias, materiales de estudio y costo de trasporte.

Abordar la problemática de la cara no visible de la desigualdad de género -la desigualdad universitaria- es sin dudas un paso imprescindible para lograr mayor presencia de las mujeres en la toma de decisiones públicas y privadas, para alcanzar salarios indistintos por género, y más importante aún, para evitar la pobreza y marginalidad de la mujer por causa de maternidad.

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Las ideas y opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de La Dínamo de Ideas.

Una Respuesta
  1. 17 octubre, 2017

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