Despenalizar no alcanza

En la Argentina estamos (¡por fin!) debatiendo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El pasado 20 de marzo inició el debate en la Cámara de Diputados de la Nación y, en este marco, los martes y los jueves se han convertido en días de exposición en los plenarios entre las comisiones de Legislación General, Salud y Legislación Penal. Se convirtieron en los “martes y jueves verdes” para las miles de personas que se manifiestan fuera del Congreso de la Nación.

En este contexto, se ha comenzado a prestar atención a una dimensión del estado actual de la legislación sobre el aborto con cierta seriedad: el aborto en la Argentina se encuentra legislado desde 1921, en el Código Penal. El lugar en el que hoy se menciona y se encuadra esta práctica en nuestra legislación es en el ámbito de la criminalidad.

En lo que va de las exposiciones en las reuniones de comisión se ha escuchado más de una alocución, de quienes se encuentran a favor del aborto legal, seguro y gratuito, hablando acerca de derecho penal y dando acabados argumentos en contra de la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo. No vamos a repetir tales puntos por una cuestión de extensión, pero vale la pena escucharlos.

A su vez, se ha repetido una pregunta a quienes están en contra del derecho al aborto en diversas oportunidades: ¿Usted cree que la mujer que se practica un aborto debería estar presa? Ante esta pregunta, casi como si finalmente se arribara a un consenso universal, la respuesta fue negativa.

Tendríamos entonces un primer acuerdo, pareciera haber cierto consenso acerca de que enviar a quienes abortan a prisión no es una alternativa válida y estaríamos dispuestxs a cambiar nuestra legislación en ese sentido, retirando entonces el tipo penal de nuestro código.

Ahora bien, considerar que sólo es procedente despenalizar es no darle la entidad suficiente, que creemos debe tener, a otra dimensión de la cuestión. En el presente artículo comenzaremos con un punto fundamental, que atraviesa los demás argumentos que expondremos: el derecho a la igualdad y el mandato de no-discriminación. Proseguiremos con argumentos relativos al derecho a la salud, a los derechos sexuales y reproductivos y a los deberes internacionales del Estado.

En primer lugar, la punición del aborto en general y su despenalización por causales (régimen actual) o la despenalización total en un primer lapso temporal pero sin legalización, atenta de manera directa contra el derecho a la igualdad, no sólo entre personas gestantes y personas no gestantes, sino también entre las mismas personas gestantes. La criminalización (que opera en terreno formal-legal al mismo tiempo que en terreno social-cultural) separa tajantemente en sus posibilidades de ejercer su sexualidad, poder de decisión, planificación familiar, etcétera, a quienes tienen posibilidad de gestar de quienes no, colocando en una posición de mayor poder a quienes no. Decimos “mayor poder” porque básicamente les coloca en una posición de elección, que se les niega a quienes se pretende que gesten forzosamente. A su vez, también refuerza mecanismos de selectividad penal –se produzca efectivamente o no la privación de libertad a posteriori– sobre aquellas personas de clases populares que no pueden acceder a un aborto como el que se da en los estratos sociales medios y altos, es decir, en condiciones de mayor seguridad para sus cuerpos.

Si se despenaliza, pareciera que esta cuestión se soluciona, pero consideramos que no es así. La desigualdad, ya perpetrada por el Estado con la punición, entre quienes gestan y quienes no, seguiría existiendo pues básicamente se abandonaría a su suerte a quienes decidieran abortar y, aunque no se les perseguiría penalmente, sí se les condenaría a continuar con los abortos inseguros y a merced de la criminalización social-cultural que –ya sabemos- la despenalización por sí misma no elimina. Pero además continuaría perpetrándose la desigualdad marcada por cuestiones de clase: las personas con disponibilidad de recursos económicos y simbólicos para acceder a abortos en contextos de mayor seguridad, lo seguirían haciendo; y quienes no cuentan con tales recursos (recordemos que un aborto en una clínica privada puede llegar a costar entre $30.000 y $50.000 y si se realiza una IVE medicamentosa las pastillas llegan a valer entre $3.000 y $5.000) seguirían  viéndose condenadas a morir. Sin Estado presente, se empuja a las personas gestantes a buscar una solución en el mercado, con todo lo que ello conlleva.

Absolutamente atravesado por las líneas supra, presentaremos un argumento relativo a la salud, tanto a la salud pública como deber y obligación del Estado como al derecho a la salud reproductiva y sexual de las personas, especialmente en este caso, gestantes.

Las estadísticas disponibles estiman que en la Argentina se realizan entre 350.000 y 500.000 abortos clandestinos por año y se calcula que desde el regreso de la democracia más de 3.000 mujeres[1] han muerto por causa de abortos inseguros y clandestinos en nuestro país. Los números entonces nos demuestran, claramente, dos cosas: (i) la criminalización del aborto no disuade a quienes desean realizarse uno; y (ii) el aborto clandestino e inseguro es una de las principales causas de muerte “materna” en la Argentina transformándose así en un claro problema de salud pública. La despenalización del aborto no garantiza de ningún modo acceso en condiciones igualitarias al mismo y es, precisamente, la falta de acceso lo que llevó a las mujeres, y demás identidades que gestan, a realizarse abortos clandestinos e inseguros en primer lugar.

La despenalización podría terminar con la clandestinidad, pero no con la inseguridad de la práctica que es fundante de los riesgos para la salud. El riesgo que conlleva el aborto y el problema de salud pública en que ello se traduce deviene de la falta de acceso y legalización y no de la práctica en sí. Por tanto, la despenalización quita la criminalidad del acto, pero no la inseguridad dejando el gran problema de salud pública sin resolver.

En segundo lugar, los derechos sexuales y (no) reproductivos son derechos humanos. Estos pueden entenderse como el derecho “a tener control respecto de su sexualidad, a decidir libre y responsablemente sin verse sujetos a la coerción, la discriminación y la violencia; el derecho de todas las parejas e individuos a decidir de manera libre y responsable el número y espaciamiento de sus hijos y a disponer de la información, la educación y los medios para ello, así como a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva”[2], el derecho al placer, a la autonomía sobre el cuerpo, a la expresión sexual, a la información sobre los mismos, a la educación sexual integral, etcétera. Se plasman en distintos instrumentos internacionales que ha ratificado nuestro país, en sus condiciones de vigencia. En ese sentido, la Dra. Cecilia Hopp, en su alocución del 26 de abril en las Comisiones Legislativas[3], ha echado luz sobre qué significa “en sus condiciones de vigencia” (art. 75, inc. 22): estas introducen en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra Constitución, un elemento dinámico que sujeta la evolución de la interpretación de nuestra Constitución a lo que se dice en los organismos internacionales que están a cargo de la interpretación y el control del cumplimiento de esas Convenciones. Argentina debe cumplir con lo que dicen entonces, las Convenciones de DDHH de acuerdo a las interpretaciones, recomendaciones e informes en general, que realizan los Comités de cada Convención. Esto es particularmente relevante, como ya sabemos, para entender la clarísima conexión entre un Estado despenalizando y legalizando el aborto y el cumplimiento que cada una de estas conductas implica de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, la Convención contra la Tortura, y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, entre otras. Podemos nombrar, someramente[4], documentos interpretativos centrales para la cuestión como ser la Recomendación General del Comité CEDAW Nº 19, la Nº 24 y la Nº 35; la Recomendación General Nº 4 y la Nº 15,  del Comité de los Derechos del Niño; etcétera.

Por último, y en consecuencia de lo anteriormente dicho, si Argentina desea cumplir con los compromisos que ha asumido internacionalmente y asumir un compromiso verdadero con la salud y riesgos de mortalidad de las personas gestantes, pues entonces, debe legalizar el aborto y no solo despenalizarlo. Dado que el aborto es un derecho pues entonces requiere una actitud positiva del Estado que lo consagre y establezca un efectivo acceso, si no es letra muerta.

 

 

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[1] Directamente no hay registros de masculinidades trans u personas con capacidad de gestar de otras identidades.

[2] ONU, “Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo”, 5 – 13 Septiembre 1994, El Cairo, par. 7.2 – 7.3. Disponible en https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/icpd_spa.pdf.

[3] Cecilia Hopp, COMISIÓN COMPLETA 1ra. Parte: H. Cámara de Diputados de la Nación – 26 de Abril de 2018, minuto 1:24:59 – 1:31:48. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=kvV2zjNrdzA.

[4] Otros puntos relativos a la interpretación de los tratados y convenciones internacionales con respecto a la práctica del aborto pueden encontrarse en https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/BRB-Aborto%20y%20Derechos%20Humanos.pdf

 

Foto: https://www.nytimes.com/es/2018/04/16/aborto-argentina-macri/

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