Algunos desafíos del sistema electoral en Argentina

Empecemos por algo que generalmente no se dice. El sistema de votación argentino es confiable y seguro. Pero, ¿son suficientes estas dos características?

Argentina desde el año 1983 viene eligiendo presidentes, diputados y senadores, a nivel nacional, sin grandes inconvenientes, y sin denuncias que se hayan plasmado en certezas sobre las siempre livianas habladurías sobre el fraude electoral.  El “fraude” siempre es denunciado, sin pruebas, por los perdedores, que al convertirse en ganadores en una próxima disputa electoral parecen olvidarse de lo débil y tramposo que es el sistema.

Dicho esto, no quiere decir que nuestro país no tenga que mejorar su performance en materia electoral, sus mecanismos de votación, y especialmente los sistemas de control sobre las elecciones en varios aspectos.

En primer lugar recordemos que Argentina es uno de los pocos países que utiliza la papeleta de votación por partido político o alianza. La boleta contiene todos los tramos de un mismo partido o alianza, que en aquel caso del ciudadano que quiera votar a una sola organización en todas las categorías, debe meter la boleta completa en el sobre, que luego se deposita en la urna. Y en el caso de querer elegir diferentes opciones, estas se van seleccionando al cortar cada sección de las boletas partidarias en forma vertical (Presidente, Senador, Diputado, etc.) y se va creando un collage  a la medida del votante.

¿Qué problemas trae este sistema? En primer lugar el de la provisión de boletas. Si bien el material electoral (Urna, Padrones, etc.) llega al centro de votación con un gran número de boletas, son los partidos políticos los encargados de que la oferta electoral (boletas propias) esté siempre presente en la escuela. Aquí empiezan a aparecer las primeras denuncias en cuanto a que las boletas desaparecen, o son rotas a propósito, o son truchas.

No vamos a detenernos en este punto, pero el sistema de partidos de nuestro país, con casi 40 partidos nacionales y más de 400 de distrito, no ayuda tampoco a que este sistema sea el más apto. La pregunta que surge es, volviendo al problema de la provisión de boletas ¿Qué capacidad real tienen estos partidos políticos de poder cubrir todos los centros de votación, ni hablar todas las mesas, para garantizar que la oferta electoral con sus candidatos esté presente? ¿Significa esto que un partido puede estar tranquilo en una elección con otro sistema, pongamos voto electrónico o boleta única papel, sin fiscales en los centros de votación? Claramente no. Pero en este caso estamos hablando de la presencia de la oferta electoral cuando el ciudadano se acerca a votar.

En resumen, el sistema actual podría no asegurar la presencia de la oferta electoral en todas las mesas, y el sistema de partidos es caótico. Vale la pena aclarar que la Dirección Nacional Electoral se ha esforzado en los últimos procesos electorales por enviar boletas de reserva, sin embargo no parece ser la solución final.

La pregunta que da vueltas en los intercambios entre expertos electorales es por qué Argentina se niega a implementar la Boleta Única de Papel como solución al punto anterior y también a otros que mencionaremos a continuación.

La Boleta Única de Papel es más barata (se necesita solo una por elector); no requiere el collage del elector, se marca con un simple lápiz; es provista por el Estado; elimina la posibilidad de que se roben, o rompan; las tienen las autoridades de mesa; y además no tendría sentido romper o robar toda la oferta electoral; y permitiría la incorporación de cierta tecnología, con mucho cuidado, para aquellos que lo creen necesario y son fanáticos de la velocidad y la “modernidad”, para el conteo de esas boletas, facilitando el trabajo de las autoridades de mesa.

Mucho se ha hablado de las dudas que genera el sistema de boleta única electrónica que se ha, o se está, intentando impulsar desde el oficialismo nacional. Tampoco le dedicaremos tiempo en este artículo a esto, pero el punto central de ese sistema está en las dudas que genera en cuanto al secreto del voto.

El segundo punto que me gustaría mencionar es la necesidad de quitarle al poder de turno cualquier tipo de función en el proceso electoral. Actualmente en manos de la Dirección Nacional Electoral están algunas funciones como la distribución de fondos para los partidos, el despliegue y repliegue de urnas, la contratación del correo, y el sorteo de distribución de espacios publicitarios entre los partidos políticos. No suena lógico que una parte interesada en el resultado de las elecciones sea parte organizadora de la contienda.

Las soluciones que han tomado la mayoría de los países sobre el órgano electoral son, a priori, dos. O un órgano electoral independiente (si es eso posible), o poner en manos de la justicia la organización total del proceso. ¿Por qué nos inclinamos por la segunda opción? Argentina no ha mostrado eficiencia en la creación de organismos independientes, ni compuestos por varias partes. Ejemplo de esto podemos nombrar al Consejo de la Magistratura, a la nunca creada Comisión Nacional de Ética Pública, o a aquellas comisiones del congreso que se tienen que poner de acuerdo para elegir a un funcionario con consenso. Al momento de escribir este artículo el Congreso adeuda desde hace casi 9 años un defensor del pueblo.  ¿Por qué va a ser la excepción un organismo complejo y conflictivo como podría ser aquel que tiene el rol de organizar las elecciones?

En este punto, la propuesta que realizan una serie de especialistas en la materia es quitar al Poder Ejecutivo Nacional cualquier tipo de facultad en la administración electoral y entregar al Poder Judicial de la Nación la organización total del proceso. La justicia electoral de nuestro país es en principio de las instituciones más respetadas en materia judicial. Esto no significa que deba estar exenta de controles, especialmente por parte de los partidos políticos y los ciudadanos. Pero la necesidad de un organizador externo a los competidores generarían mayor legitimidad al proceso.

El tercer punto destacado es la necesidad de reformar el sistema de financiamiento político vigente. El financiamiento político es uno de los temas más relevantes en materia de control de la corrupción, y al mismo tiempo uno de los que ocupa menos espacio en la agenda de prevención y control. El financiamiento político responde a la pregunta ¿Quién ayudó a tal persona a llegar a la presidencia? O ¿Qué intereses están detrás de tal partido político o candidatura? Y quizás las más importante ¿Aquellos que apoyan a un candidato o partido, tienen intereses espurios detrás de ese apoyo?

Responder estas preguntas significa poder controlar la futura gestión de esos candidatos, y permite controlar una parte importante de los mecanismos de corrupción más predominantes. Ver el caso Lava Jato para mayor ilustración sobre la injerencia del dinero en las campañas y su vínculo con la corrupción.

Argentina tiene varios desafíos en materia de financiamiento político. El primero es que los partidos políticos mienten en sus declaraciones de ingresos y egresos de campaña. Mienten y ocultan información. Mienten porque los ingresos que declaran no son suficientes para financiar las campañas que realizan. Ocultan porque son las empresas las que financian las campañas, pero desde el año 2009 no tienen permitido hacerlo. Entonces por un lado dicen que gastan menos de lo que lo hacen, y por el otro no dicen quién efectivamente los financia. En parte presentan listas reales de ciudadanos que financian parcialmente las campañas, en parte presentan listados truchos de donantes que vienen a cubrir ingresos de las empresas, en parte directamente ni siquiera se esfuerzan por blanquear las donaciones de las empresas.

Entonces, una de las discusiones/propuestas es que las empresas puedan volver a donar a las campañas políticas. La idea de esta propuesta es meramente por necesidad. Mejor conocer quién pone el dinero, aquellos que lo quieran hacer en blanco, en contraposición a no tener nada de información en este sentido.

La mayoría de las donaciones de dinero registradas en las campañas son declaradas como “en efectivo”. La necesidad de darle trazabilidad al dinero es esencial en materia de control del financiamiento político. Esto significa, poder conocer el camino de ese dinero hasta que llegó a la cuenta del partido. Para eso la solución posible es prohibir esas donaciones en efectivo y solamente permitir aquellos aportes que estén bancarizados. Esto es, una transferencia electrónica, una tarjeta de crédito, un cheque, etc. De esta forma se podrá conocer efectivamente de dónde sale el dinero, si el aportante tiene la capacidad económica para aportar, y permitir a la justicia electoral recorrer el camino de cada donación.

La otra deuda en materia de financiamiento político es el control de la utilización de fondos públicos con fines electoralistas. El control de la publicidad oficial, los bienes muebles e inmuebles, o el personal de la administración pública en la campaña, resulta esencial para producir equidad en la competencia electoral. Situación que no se observa en la actualidad, en la cual los oficialismos tienen una gran ventaja, ilegal, a la hora de competir electoralmente.

Como vemos, en materia electoral tenemos una gran cantidad de desafíos, de los cuales aquí intentamos mostrar los más significativos. Entre ellos no olvidar los mencionado sobre el sistema de partidos políticos que cruza los demás temas mencionados. El sistema de partidos argentino es denominador común de los problemas del sistema, pero también puede ser un actor de ordenamiento y mejoramiento de esos mismos problemas.

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Las ideas y opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de La Dínamo de Ideas.

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