Corrupción en América Latina: una esperanza de reforma

La corrupción, de más está decirlo, es un problema que afecta en mayor o menor medida a todos los países de América Latina. Si analizamos el índice de percepción de la corrupción desarrollado por Transparencia Internacional, es posible afirmar que, en promedio, los países de la región muestran un desempeño negativo. Incluso cuando el índice es una medida subjetiva de la corrupción, el mismo provee una idea de cuán relevante es el tema para los ciudadanos de cada país, dada su continuidad por más de dos décadas. Mientras que unos pocos países se encuentran bien posicionados en el ranking –por ejemplo, Uruguay (21) y Chile (24)-, y algunos se encuentran en el medio de la lista –sorprendentemente Brasil (79)-, la mayoría se encuentra entre los países con mayor percepción de corrupción – Ecuador (120), Honduras, México, and Paraguay (123), Guatemala (136), Nicaragua (145) y Venezuela (166). Así, la corrupción en la región sin dudas merece especial atención, y en este breve artículo trataré de analizarla con la óptima provista por recientes artículos académicos, provenientes de diversas disciplinas, que intentan abordar la cuestión.

Por supuesto, la corrupción es un fenómeno complejo y multicausal, pero aquí me interesa resaltar una de sus principales causas en la región: la debilidad institucional. Según Olken y Panden (2012), el enfoque tradicional para la lucha contra el delito –esto es, incrementar el costo esperado del delito a través del aumento en la probabilidad de ser detectado-, es de gran relevancia en el diseño de políticas contra la corrupción.  Sin embargo, esta estrategia es particularmente complicada en América Latina, donde las reglas formales son difíciles de aplicar. Así, la debilidad institucional, definida por Levitsky y Murillo (2015) como un bajo nivel de enforcement y estabilidad de las reglas, es especialmente importante en la región, lo que provee el escenario ideal para el desarrollo de prácticas corruptas.

Pero más allá de las causas, es necesario poner el foco en las consecuencias que la corrupción acarrea para nuestros países. La literatura sobre los efectos de la corrupción en el desarrollo de los países es amplia. Por ejemplo, Olken y Pande (2012), proveen una extensa revisión de la literatura sobre los efectos de la corrupción en las inversiones, la provisión de bienes y servicios públicos, los precios, y otras distorsiones económicas. Sin embargo, una de las consecuencias de la corrupción es usualmente pasada por alto, pero es de excepcional relevancia en el contexto de América Latina: la violencia. Pero ¿de qué forma la violencia se relaciona con la corrupción? Las conexiones son múltiples, pero una de ellas es clara: una gran porción de la violencia y los homicidios en la región son producidos por el efecto del crimen organizado (1), y este necesita de un ambiente corrupto para desarrollarse en gran escala. En otras palabras, la corrupción y el crimen organizado tiene una conexión simbiótica.

Buscaglia y Van Dijk (2003) muestran como la corrupción y el crimen se encuentran interconectados, distinguiendo cinco modos en los que una organización criminal puede infiltrar el sector público: coimas esporádicas, coimas regulares, infiltración en organizaciones gubernamentales, infiltración en altos cargos públicos y participación directa en la política.

La relación es doble. Por un lado, la corrupción cataliza el crimen organizado, porque en sociedades corruptas hay pocas posibilidades de progreso bajo el marco legal, y la corrupción deteriora el desarrollo económico, de tal manera que el crimen organizado representa una alternativa viable para el avance económico, desde la perspectiva de los sectores excluidos. Por otro lado, la corrupción también facilita el crimen organizado, porque los grupos criminales pueden operar con seguridad cuando pueden crear alianzas con oficiales públicos, recibir protección de actores corruptos en el poder judicial, y lavar dinero con la colaboración de entidades financieras (Chêne and Hoddes, 2008).

Así, la debilidad institucional puede considerarse una de las principales causas de la corrupción en la región, y la violencia una de sus principales consecuencias, aunque de más está decirlo, la misma es un fenómeno multi-causal. Dado este escenario, ¿cómo luce el panorama para las reformas anti-corrupción en la región?

Existen al menos dos razones para ser optimistas. En primer lugar, de acuerdo al modelo desarrollado por Manion (2004), un actor decide si ser corrupto o no dependiendo de la predominancia de la corrupción en su entorno. En otras palabras, si el actor cree que menos de cierta cantidad X de “jugadores” son corruptos y esa creencia es correcta, el actor maximizará sus intereses siendo transparente, mientras que si el actor considera que existen muchos otros jugadores que son corruptos y eso es cierto, también deberá ser corrupto para maximizar sus intereses. En este modelo –que se respalda en la “teoría de juegos”-, existe un punto crítico inestable en el que los actores son absolutamente indiferentes respecto de si ser corruptos o no. Por debajo de ese punto, la proporción de transacciones corruptas genera un momentum que en el largo plazo conducirá a un gobierno totalmente transparente, mientras que, por encima de ese punto, la corrupción tenderá a ser ubicua. Por supuesto, se trata de un modelo ideal que sirve para explicar la realidad, aunque la misma diste en gran medida de ser tan simple.

De cualquiera manera, parece justo asumir que los países de América Latina son corruptos, pero no se encuentran tan lejos del punto crítico como otras regiones del mundo (v.gr. ver Olivier de Sardán, 1999), en donde la corrupción es todavía más generalizada. Incluso cuando la corrupción es importante, no es un fenómeno naturalizado, los movimientos anti-corrupción, especialmente enraizados en organizaciones no gubernamentales, son relevantes, y mantener una imagen anti-corrupción ha sido fundamental para la victoria electoral de muchos candidatos. Por lo tanto, intervenciones de política pública que a priori pueden parecer pequeñas pueden tener un gran efecto en la reducción de la corrupción, porque pueden mover a la sociedad más cerca el punto crítico, generando así una tendencia de largo plazo hacia el gobierno limpio.

En segundo lugar, Zhang (2015) muestra que una mayor exposición a la corrupción no necesariamente lleva a aumentar la tolerancia a la misma. Por el contrario, y de manera contra-intuitiva, aquellos ciudadanos que son expuestos a altos niveles de corrupción son lo que muestran una mayor probabilidad de denunciar esos actos e involucrarse en campañas anti-corrupción, pero solamente cuando son apoyados por instituciones fuertes. Como hemos visto, en América Latina el nivel de corrupción es relativamente alto, lo que puede derivar en una alta participación de los ciudadanos en actividades contra la corrupción si los mismos perciben una mejora en la calidad de las instituciones y, en particular, en la probabilidad de que los corruptos sean detectados y condenados.

En conclusión, incluso cuando la corrupción aparenta penetrar en todos los niveles e instituciones de la política, invertir en fortalecimiento institucional puede tener efectos sustantivos en la reducción de los niveles de corrupción, porque puede crear una tendencia hacia el gobierno limpio y, simultáneamente, apoyarse del respaldo de ciudadanos ansiosos por contribuir. La ausencia de estas características en otras regiones del mundo hace de América Latina una región prometedora para mostrar que la corrupción no es un camino de ida, y que mejoras significativas pueden lograrse con las decisiones correctas.

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(1) Según los datos provenientes de la base de datos de UNODC, en algunos países más de la mitad de los homicidios son causados por grupos dedicados a la criminalidad organizada.

 

 

Referencias

  • Buscaglia, Edgardo y van Dijk, Jan.2003. “Controlling Organized Crime and Corruption in the Public Sector”, Forum on Crime and Society, Vol. 3, N° 1.
  • Chêne, Marie y Hodess, Robin. 2008. “Organised Crime and Corruption”, Anti-corruption resource centre, U4 Expert Answer, Transparency International, Chr Michelsen Institute.
  • Igarape Institute (2017). Homicide Monitor. Retrieved from https://homicide.igarape.org.br/ on November, 2017.
  • Levitsky, Steven y Murillo, Maria Victoria (2005). “Introduction”, Levitsky and Murillo, eds. Argentine democracy. The politics of institutional weakness, The Pennsylvania State University Press: University Park, Pennsylvania, 21-44.
  • Manion, Melody. 2004. Corruption by Design: Building Clean Government in China and Hong Kong. Cambridge: Harvard University Press, Chapters 1 and 2.
  • Olivier de Sardan, J.P. 1999. “A Moral Economy of Corruption in Africa?” Journal of Modern African Studies 37(1): 25–52.
  • Olken, Benjamin A., y Rohini Pande. 2012. “Corruption in Developing Countries.” Annual Review of Economics 4: 479–509.
  • Transparency International. 2017. Indice de Percepción de la Corrupción. 2016.
  • UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime. 2017. Database. Retrieved from https://data.unodc.org on November, 2017.
  • Zhang, Nan. “Institutions, Culture, and Blowing the Whistle on Corruption: An Ex- periment with Northern and Southern Italians.” Working Paper, Max Planck Institute for Research on Collective Goods.

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