Comisarías de la Muerte

El 15 de noviembre de este año se produjo un incendio en los calabozos de la comisaría 3ra de Esteban Echeverría. Ese día, 27 personas se encontraban detenidas en dicha comisaría que tenía capacidad para alojar a no más de 10 personas. Algunas en celdas, otras en “buzones de castigo” y una en la cocina. La celda que se incendió tenía 3 por 4 metros y alojaba un total de 12 personas. Al día de hoy, ya son 9 las personas que murieron como consecuencia de aquel incendio. Es necesario destacar que en 2011 el Tribunal en lo Criminal Nº 5 de Lomas de Zamora había ordenado la clausura de los calabozos de la comisaría. Sumado a ello, este año el Juzgado de Garantías Nº 2 de Lomas de Zamora ordenó el desalojo de las personas allí detenidas. El Ministro de Seguridad había sido notificado de dicha resolución en el mes de marzo.

Este hecho, lamentablemente, posee demasiadas similitudes con lo ocurrido en la comisaría 1ra de Pergamino. En marzo de 2017, 7 personas que se encontraban detenidas de manera preventiva murieron a raíz de un incendio en las celdas de dicha comisaría. Actualmente, son 6 los policías imputados por abandono de persona seguido de muerte. No, estos casos no son una excepción. Estos casos son consecuencia de la desidia que caracteriza, hace muchos años, la política penitenciaria de la Provincia de Buenos Aires. Peor aún, esta situación ha sido reconocida, en numerosas situaciones, por el mismo Gobierno Provincial, la Corte Suprema de Justicia (CSJN) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En 2005, en el conocido fallo “Verbitsky”, la CSJN ordenó, a raíz de un recurso de habeas corpus presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el desalojo de menores y enfermos detenidos en comisarías. A su vez, la Corte estableció distintas medidas con el objetivo de remediar las condiciones en las que se encontraban aquellas personas detenidas tanto en comisarías como en cárceles distribuidas a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la CSJN no ordenó el cese de detenciones en comisarías. Si bien durante los años posteriores a “Verbitsky” es posible observar una reducción en la cantidad de personas detenidas, producto de la falta de control judicial y el nulo compromiso político del Poder Ejecutivo y Legislativo de la Provincia de Buenos Aires, la situación carcelaria en la provincia continúa siendo crítica.

En 2010, la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad de la CIDH exhortó “…al Estado a adoptar las medidas necesarias para que cese la utilización de las dependencias policiales como lugares de alojamiento permanente de personas y, en consecuencia, dejen de funcionar como centros de detención”. Como señala el último informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), a raíz de la presentación de la Relatoría, el Ministerio de Seguridad de la Provincia ordenó la clausura de los calabozos de más de 200 dependencias policiales (p. 122). No obstante, en mayo de 2014, el Ministerio de Seguridad, a través de la Resolución Nº 642, ordenó “[r]ehabilitar el funcionamiento de los calabozos ubicados en dependencias policiales de la Provincia de Buenos Aires…” (art. 1) y autorizó “…el alojamiento transitorio en dichas dependencias respecto de quienes se disponga su detención o aprehensión…” (art. 3). En 2016, la Relatoría emitió un nuevo comunicado en el que señaló que “[e]n todas las comisarías visitadas en la provincias de Buenos Aires […] las condiciones de detención se caracterizan por problemas similares, tales como hacinamiento, falta de luz solar e insuficiente luz artificial, ausencia de ventilación, colchones en mal estado, falta de agua caliente, humedad, instalaciones sanitarias precarias y condiciones antihigiénicas”. Por ello, la Relatoría expresó “…su profunda preocupación por las condiciones de detención en que se encuentran las personas privadas de libertad en los distintos centros de reclusión visitados, principalmente en las comisarías, que tal como lo ha señalado esta Comisión, generan graves violaciones a derechos humanos considerando que estos recintos no han sido diseñados originalmente, ni cuentan con las condiciones, para el alojamiento de personas por periodos de tiempo prolongados”. (p. 10).

Actualmente, en la Provincia de Buenos Aires se encuentran detenidas unas 44.775 personas. Alrededor de 4.052 personas están detenidas en comisarías. Se estima que la tasa de sobrepoblación en la provincia es de un 126%. A su vez, un 54% de todas las personas detenidas no tienen condena firme (ver CELS). La realidad indica que los calabozos no son utilizados para detenciones transitorias (con todos los problemas que esto implica). Carlos Ariel Corvera (25 años), quien falleciera el pasado 17 de noviembre en el Hospital de Ezeiza, estaba detenido por intentar robar una cortadora de césped. Corvera había sido detenido en julio, y el día del incendio ya hacían 3 semanas desde que se encontraba alojado en la comisaría de Esteban Echeverría.

La situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires es dramática. Tanto es así que la emergencia en materia penitenciaria ha sido una constante y no una excepción. Las administraciones pasadas así como la administración actual son directos responsables de las condiciones inhumanas a la que son sometidas las personas detenidas en la provincia. 13 años después de “Verbitsky” resulta imperioso pensar en alternativas que logren modificar las deficiencias estructurales del sistema penitenciario bonaerense y logren mejorar, de manera sustancial, las condiciones de detención a la que se enfrentan y enfrentarán las personas privadas de la libertad en la provincia. Sin dudas, el uso arbitrario de la prisión preventiva es algo que debe ser atendido de manera urgente. No obstante, teniendo en cuenta las limitaciones de esta nota, me gustaría sugerir una alternativa que podría tener impacto significativo en la política penitenciaria bonaerense.

Luego de 16 años de litigio y decisiones judiciales que tenían por objeto solucionar la superpoblación y las condiciones indignas que las personas detenidas debían enfrentar en el estado de California (EEUU), un Tribunal especial ordenó a dicho estado a reducir la cantidad de personas detenidas. Para ese entonces (2009), el sistema penitenciario de California albergaba unas 156.000 personas, aunque solo tenía capacidad para 80.000. La decisión del Tribunal especial, ratificada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 2011, obligaba a las autoridades locales a desalojar unos 40.000 personas detenidas. Es importante destacar que ni el Tribunal especial ni la Corte impusieron un plan de acción o medidas específicas para cumplir con dicha orden. A diferencia de lo que se había implementado anteriormente (un conjunto de medidas muy similares a las ordenadas por la CSJN en “Verbitsky”), esta “orden de desalojo” marcó el inicio de una importante restructuración del sistema penitenciario de California. Como consecuencia de una serie de medidas votadas por la mayoría de la ciudadanía de dicho estado que redujeron la pena de algunos delitos y permitieron a personas detenidas por delitos menores acceder a la libertad condicional (ver Proposition 47 y Proposition 57), la población carcelaria se encuentra por debajo del límite fijado por el Tribunal especial. A su vez, la tasa de reincidencia disminuyó para algunos delitos y no se ha observado un aumento en la cantidad de delitos violentos (ver Public Policy Institute of California).[1]

Sin dudas el principal problema para la implementación de una “orden de desalojo” de esta magnitud es que, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, en nuestro país dicha orden no está prevista en ninguna ley. Esto brinda dos posibles vías para conseguir una medida similar: la legislativa y la judicial. Lo bueno es que ambas vías no resultan excluyentes. El litigio fue una herramienta clave para lograr una decisión como “Verbitsky”. A 13 años de esta sentencia, los constantes avisos de la CIDH, los números del sistema penitenciario bonaerense, las condiciones de detención y las muertes de Pergamino y Esteban Echeverría (sumadas a todas aquellas que ocurren en nuestras cárceles año tras año¾ver capítulo 6 CPM) deben servir como fundamento suficiente para que el Poder Judicial tome una medida que permita poner fin a la violación sistemática de derechos humanos que suceden día a día en el sistema penitenciario bonaerense. Si la dirigencia política decide no hacerlo, así como en “Verbitsky” la CSJN tomó medidas que no estaban previstas en la ley, la situación actual requiere volver a tomar medidas de esta índole. Como afirmara la CSJN, “[n]o se trata de evaluar qué política sería más conveniente para la mejor realización de ciertos derechos, sino evitar las consecuencias de las que clara y decididamente ponen en peligro o lesionan bienes jurídicos fundamentales tutelados por la Constitución, y, en el presente caso, se trata nada menos que del derecho a la vida y a la integridad física de las personas” (considerado 27 “Verbitsky”).

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[1] Desde ya, esto no implica que el sistema penitenciario y el sistema penal de California estén exentos de críticas y problemas que son necesarios atender.

Foto: http://www.infolitica.com.ar/la-cpm-denuncia-que-las-comisarias-en-la-provincia-tienen-un-190-de-superpoblacion/

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  1. 7 diciembre, 2018

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