Algunas cuestiones constitucionales en torno al aborto

Luego de años de batalla de los movimientos feministas, la semana pasada comenzó oficialmente el debate en comisiones del proyecto presentado por séptima vez consecutiva por la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En las primeras jornadas de debate se escucharon argumentos de todo tipo, a favor y en contra de la legalización.

El argumento jurídico más recurrente de quienes abogaron en contra del proyecto, fue sostener la inconstitucionalidad de la despenalización del aborto. En efecto, se arguyó que en 1994 Argentina otorgó jerarquía constitucional a una serie de tratados de derechos humanos que garantizan el derecho a la vida desde la concepción, lo que tornaría inconstitucional cualquier intento por despenalizar o legalizar el aborto en nuestro país. Entre otros, se refirieron al artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (que establece el derecho a la vida deberá ser protegido por ley “en general, desde la concepción”); y a la Convención de los Derechos del Niño que establece el derecho intrínseco a la vida en su artículo 6.1. Esta última convención fue aprobada por nuestro Congreso mediante la Ley 23.849, oportunidad en la que se incorporó una declaración interpretativa en relación al artículo 1, entendiendo que el concepto de “niño/a” comprende a todo ser humano desde el momento de la concepción hasta los 18 años de edad.

La cuestión constitucional en relación al aborto puede pensarse, entonces, en torno a tres preguntas. La primera surge de los argumentos expuestos más arriba: ¿existe una barrera constitucional para la legalización del aborto? La segunda pregunta es la otra cara de la misma moneda: ¿la legalización del aborto se encuentra permitida constitucionalmente? Finalmente, en el otro extremo del espectro surge la pregunta sobre si existe una exigencia constitucional que demande de nuestros legisladores la legalización del aborto.

La primera pregunta se encuentra saldada por la negativa desde hace mucho tiempo, pues tanto la Comisión como la Corte Interamericana y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ya han sostenido que la protección constitucional o convencional de la vida no es incompatible con la regulación del aborto. Es, pues, llamativo que todavía se recurra a una discusión ampliamente superada para construir una barrera constitucional ficticia. De todos modos, teniendo en cuenta que muy posiblemente sigamos escuchando estos argumentos en las próximas semanas, vale la pena el repaso.

En el caso conocido como “Baby Boy” (Res. 23/81), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entendió que la expresión “en general” contenida en el antes citado artículo 4.1 de la Convención, fue incorporada justamente a fin de otorgar un margen de discrecionalidad a los Estados parte para la regulación de diversos casos de aborto legal, dejando en claro que el artículo no establece una protección absoluta de la vida en gestación.

Posteriormente, la Corte Interamericana retomó este argumento en el caso “Artavia Murillo y Otros (“Fecundación in vitro”) vs. Costa Rica” del año 2012, en donde fue un poco más allá, argumentando que la redacción del artículo 4.1 tuvo como finalidad garantizar que el derecho a la vida no pueda entenderse de forma absoluta,  ni usarse para justificar la negación de otros derechos (párrafo 258). En efecto, luego de dejar sentado que no existe acuerdo unívoco sobre el comienzo de la vida (párrafo 185), la Corte Interamericana afirmó que el objeto de protección directo del artículo 4.1 no es la vida prenatal, sino la propia mujer embarazada “dado que la defensa del no nacido se realiza esencialmente a través de la protección de la mujer” (párrafo 222).  Asimismo, hizo referencia a las evaluaciones periódicas llevadas adelante por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en donde se sostuvo que los países que restringen el acceso al aborto de modo tal que obligan a las mujeres a exponerse a abortos inseguros que podrían acarrearles la muerte, están violando el derecho a la vida de esas mujeres (párrafo 226). Finalmente, otro aporte interesante de la Corte en este caso es que si bien reconoce que los Estados parte pueden tener un interés en la protección de la vida en gestación, “todo intento por proteger dicho interés debe ser armonizado con los derechos fundamentales de otras personas, especialmente de la madre” (pár. 260).

En relación a la Convención sobre los Derechos del Niño, la Corte Interamericana también entendió que no existe ningún documento del Comité para los Derechos del Niño de donde surja la protección de la vida prenatal (párrafo 233). Asimismo, en relación a la declaración interpretativa introducida por el Estado argentino, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en el caso “F., A.L. s/medida autosatisfactiva” que ésta no constituye una reserva que altere el contenido de la Convención (considerando 13, último párrafo). Asimismo, el Comité para los Derechos del Niño expresó su preocupación por la tasa de mortalidad materna infantil, exhortando al Estado argentino a reducir la mortalidad materna asociada con aborto (Observaciones Finales para Argentina, 2010, párrafo 59).

En este sentido, los organismos internacionales y nuestra Corte Suprema de Justicia han entendido que el derecho a la vida implica una protección incremental y no absoluta de la vida en gestación, compatible con la regulación del aborto. Asimismo, ha quedado claro que la existencia de un interés estatal en proteger la vida prenatal no demanda el uso de la herramienta criminal como mecanismo necesario de protección, ni autoriza la utilización de ese interés para justificar la negación de otros derechos.

La discusión está saldada (y hace tiempo): ningún derecho es absoluto y la normativa que regula el derecho a la vida es compatible con la legalización del aborto. Ya es tiempo de cambiar el foco de la discusión, es tiempo que los argumentos dejen de girar en torno al comienzo de la vida o a cómo debe protegerse la vida en gestación. Es tiempo de que empecemos a pensar en las demandas constitucionales vinculadas con la protección de nuestros derechos, los derechos de las mujeres. No nos olvidemos que Argentina también ha asumido compromisos internacionales en materia de protección de derechos de las mujeres y erradicación de toda forma de discriminación y violencia. No nos olvidemos que estos mismos organismos internacionales a los que hemos venido haciendo referencia nos han dejado en claro que la criminalización del aborto en ciertas circunstancias violenta estos compromisos internacionales; y que las normas y prácticas que restringen el acceso al aborto de modo tal que obligan a las mujeres a someterse a prácticas médicas inseguras violentan su derecho a la vida.  El modelo actual privilegia la vida de las ricas por sobre la de las pobres bajo un dogma disfuncional que dice proteger la vida en gestación, pero que en realidad no protege a nadie.

Es tiempo de que la discusión vuelva a poner el foco en las mujeres, en nuestros derechos, en nuestra libertad, en nuestra dignidad, en nuestra autonomía personal, en nuestro derecho a definir qué proyecto de vida queremos tener, sin la injerencia arbitraria del Estado en nuestras vidas y en nuestros cuerpos, sin la imposición de modelos estereotipados o perfeccionistas. Es hora de que la conversación se centre en las mujeres, en qué les (nos) debemos a fin de garantizar el ideal constitucional de igualdad de oportunidades entre mujeres y varones, y que nos preguntemos, entonces, cuáles son las demandas constitucionales en relación a estos derechos.

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Las ideas y opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de La Dínamo de Ideas.

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  1. 18 abril, 2018

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