El aborto es una realidad

El aborto es una realidad. Lo muestran las cifras de mortalidad, morbilidad (secuelas), las internaciones hospitalarias por abortos complicados (casi siempre inseguros) y las estimaciones sobre la cantidad de abortos voluntarios realizados por año, cifras que demandan la acción pública urgente. Un abordaje efectivo para una problemática que afecta a alrededor de 500.000 mujeres por año es inaplazable. Quiero decir, el aborto no tiene que ser un problema, es una práctica segura y relativamente fácil (si se compara, por ejemplo, con otras prácticas médicas durante el embarazo como el parto o las pruebas genéticas), pero se convierte en un problema debido a su prohibición. La inseguridad del aborto se deriva de la ilegalidad, que empuja a las mujeres a consultorios clandestinos donde no hay controles sobre las calidades del personal ni las condiciones de las practicas, y determina los penosos resultados que revelan las estadísticas sanitarias.

Pero este enfoque, que se concentra en la salud pública, no puede ser el único frente de discusión y debate en este momento. Está, en primer lugar, la cuestión sobre el reconocimiento de la autonomía de las mujeres para tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Sob
re el reconocimiento de la agencia moral, sexual y la ciudadanía de las mujeres (y otras personas con capacidad de gestar, como algunos varones trans). Pero ¿cómo se integra este debate en la actual discusión sobre le cambio de modelo de regulación del aborto? En primer lugar, hay que aclarar que aborto es legal en la Argentina en la mayoría de los casos. El articulo 86 del Código Penal establece tres casos en que el embarazo se puede interrumpir legalmente:  i) cuando supone un riesgo para la salud se puede interrumpir legalmente, esto sucede la mayoría de las veces. ¡Ojo, pueden, no deben hacerlo! Es decir, si una mujer embarazada considera, por las razones que sea, que el riesgo (la posibilidad) de, por ejemplo, padecer diabetes gestacional o depresión, son riesgos que no quiere asumir, entonces puede abortar legalmente; ii) en los casos en que su vida está en riesgo, por ejemplo, si tiene una condición cardíaca, cáncer, ideas suicidas, etc. hoy también puede abortar legalmente; iii) por último, se permite el aborto cuando el embarazo es producto de violencia sexual.  Estos son permisos amplios que reconocen el aborto legal en muchísimos casos y sin un límite temporal.

Entonces ¿Por qué se pide el cambio de modelo? Justamente como respuesta a la reivindicación exigida por las mujeres desde hace décadas del reconocimiento de su plena autonomía. No se trata entonces de una expansión considerable en el número de casos de abortos legales, sino de la forma en que se reconoce el derecho. Está probado en el mundo que el cambio de modelo no aumenta el número de abortos voluntarios en el largo plazo, sino que transforma el reconocimiento y la experiencia de las mujeres en el ejercicio de sus derechos humanos. El modelo de permisos que tenemos hoy para el aborto legal, implica que se reconocen razones “objetivas” que permiten acceder a esa práctica, desconociendo la subjetividad y la situación específica de cada mujer que requiere un aborto. Es un tercero, ya sea real (juez/a, médica/o, policía) o simbólico (el Estado), quien determina si hay riesgo para su salud, o si la violencia sexual es la causa del embarazo, de lo contrario caerá en la ilegalidad. Y en esos casos, se verá obligada a recurrir al sistema clandestino e inseguro, porque ya sabemos que la prohibición no disuade a las mujeres que necesitan un aborto. Piensen en los casos que conocen si les aburren las cifras que se producen oficialmente cada año.

El cambio fundamental entre el modelo de permisos, existente en la Argentina desde 1921, y el modelo propuesto por el proyecto de ley de despenalización es, sin duda, la agencia reconocida a las mujeres. Este último modelo no le exige a las mujeres que legitimen su voluntad/necesidad/decisión de abortar frente a un tercero. Bajo el modelo de plazos, -es decir, el que permite que las mujeres accedan al aborto legal hasta un determinado momento en el embarazo, reconoce que las mujeres pueden tomar, y de hecho toman, decisiones respecto de su cuerpo, salud, familia, (no)maternidad, etc. con razones atendibles- no se requiere que las razones para solicitar el aborto sean explicitadas y/o validadas por nadie. Esto es así hasta un momento determinado del embarazo, hasta la semana catorce de acuerdo al proyecto presentado. Después de eso, se reconoce que el Estado tiene un interés en proteger la vida en gestación, un deber de protección incremental de la vida en gestación. En consecuencia, el aborto se restringe a los casos que hoy son de aborto legal: riesgo para la vida, la salud o violencia sexual. Ello por cuanto los riesgos para la salud se pueden presentar en etapas más avanzadas del embarazo, y en el caso de violencia sexual es posible identificar tarde el embarazo (que, además, en muchos casos es producto de la falta de eficacia o aplicación de las medidas de prevención en los servicios de salud).

Este modelo, el de plazos, permite que las mujeres, niñas y adolescentes ejerzan sus derechos de forma más eficaz. Ha sido ampliamente documentada la imposibilidad de una aplicación efectiva del modelo de permisos, ya que siempre dependerá de la acción de profesionales que certifiquen la causal y/o realicen el procedimiento o no; de  farmaceutas que (no) dispensen la medicación cuando crean que (no) entra dentro de los casos legales o simplemente “por las dudas” se abstengan, etc. En lugares alejados, o donde el acceso al sistema de salud es restringido, como muchas zonas rurales e incluso algunas dentro de las ciudades, la falta de cooperación de las/os profesionales es determinante para el acceso al aborto seguro. Por ejemplo, una interpretación restrictiva de las causales (que es muy difícil de identificar y/o controlar desde el estado) puede dejar muchas mujeres sin recursos para acceder a un aborto legal. Es por ello, entre otras razones, que el modelo de permisos es un modelo llamado al fracaso.

Entonces es necesario movernos hacia un sistema de plazos. Sin embargo, como siempre, el cambio legal no es suficiente. Aunque en este caso es necesario como reivindicación para las mujeres. Este avance debe apoyarse en otras medidas necesarias para que su ejercicio efectivo como derecho se haga realidad. Una de las tantas medidas necesarias es la habilitación de las condiciones para que las técnicas de aborto más avanzadas (seguras, accesibles,  aceptables y costo-efectivas) estén disponibles.

La llegada del misoprostol como técnica para la práctica de abortos no quirúrgicos (desde la década del 80) y su uso extendido (desde principios de este siglo) tanto dentro como fuera del sistema de salud para la práctica de abortos seguros (y otros usos obstétricos) ha permitido no solo la disminución de las consecuencias negativas del aborto, sino también la realización de abortos fuera del sistema de salud. Sin embargo, hoy todavía es usado sin la aprobación oficial para su uso como abortivo, a pesar de la contundente evidencia que soporta la seguridad de su uso, las recomendaciones de la organización mundial de la salud y el reclamo del movimiento de mujeres. Entonces, la aprobación y disponibilidad efectiva de este medicamento debe asegurarse, independientemente de que la ley de despenalización se apruebe. Del mismo modo que la mifepristona (medicamento que usado junto con el misoprostol constituyen el estándar de oro -la mejor técnica disponible- para la práctica de abortos no quirúrgicos) debe aprobarse y distribuirse en el país. Hoy en día este medicamento no está disponible. La mifepristona, no solo incrementa el porcentaje de efectividad de los abortos, sino que además, disminuye los síntomas (principalmente el dolor) y acelera el proceso de terminación del embarazo. Su uso, hasta el momento, es exclusivamente para el aborto, y a pesar de que hoy en la Argentina muchos abortos son legales, las autoridades sanitarias correspondientes (ANMAT) no han aprobado su uso.

En definitiva, es mucho lo que queda por discutir para que el aborto legal -el que tenemos y al que aspiramos-, se implemente efectivamente, y para que todas las mujeres que lo requieran accedan a prácticas seguras. Sin embargo, el debate sobre el cambio legal es una oportunidad para discutir, en serio, aspectos más amplios y complejos que la protección de la vida en gestación, y empezar a enfocarnos de una vez en las mujeres: su autonomía, su vida y sus derechos humanos.

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Las ideas y opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de La Dínamo de Ideas.

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