Mujeres y drogas: las dos caras de la vulnerabilidad

En los últimos años el Gobierno Nacional ha adoptado no solamente un discurso público a favor de ganarle la “guerra” al narcotráfico, sino también un conjunto de medidas en sintonía con esta manera de entender el problema de las drogas. Resulta llamativo que se insista con una postura que cuenta cada vez con menos apoyo alrededor del mundo dado la ineficacia y problemas que este enfoque prohibicionista y punitivista ha generado. Dentro de todas las posibles críticas que pueden esgrimirse contra esta política criminal, acá quiero concentrarme en cómo esta “guerra” perjudica particularmente a las mujeres argentinas por dos razones.

Un contexto vulnerable

Desde el año 2000 en adelante, es posible observar que a nivel mundial el número de mujeres privadas de la libertad creció de manera sostenida y a mayor velocidad que el número de hombres privados de la libertad. También sabemos que, a nivel global, los delitos contra las leyes de drogas son una de las causas principales por las cuales las mujeres se encuentran privadas de la libertad. Nuestro país lamentablemente no es una excepción en este sentido. Entre 1990 y 2007, la población carcelaria femenina aumentó un 350%. Sumado a ello, varios estudios empíricos han demostrado que desde 1995 en adelante las mujeres encarceladas por delitos contra la ley de drogas (ley 23.737) representan un porcentaje significativo de la población carcelaria femenina total. Por último, distintas investigaciones (CELS y Avon Global Center for Women and Justice)  han señalado que las mujeres privadas de la libertad por este tipo de delitos comparten determinadas características que nos permiten hablar de un grupo de mujeres particularmente vulnerable: la mayoría pertenece a sectores económicos desfavorecidos, un gran porcentaje ha sido víctima de violencia sexual, muchas han sido forzadas a cometer ese tipo de delitos y muchas otras lo han cometido por necesidad propia o para mantener a su familia.

También hay que señalar que desde 2011 hacia acá se observa una reducción constante de las mujeres presas por este tipo de delitos. Sin embargo, esta tendencia no solo fue interrumpida, sino que se revirtió. Según los datos y reportes elaborados por el Ministerio de Justicia y Derecho Humanos de la Nación, entre diciembre 2015 y diciembre 2016 la población carcelaria femenina por delitos contra la ley 23.737 se incrementó en un %16. Es decir, pasó de 1096 a 1272 detenidas en solo un año. Como consecuencia, las mujeres encarceladas por este tipo de delitos actualmente representan el 40% de toda la población carcelaria femenina. Por si ello fuera poco, estos datos revelan que al momento de cometer el delito la proporción de mujeres desempleadas era mayor a la de hombres desempleados, y que el uso de la prisión preventiva recae con mayor fuerza sobre las mujeres. Por último, es importante señalar que de 2015 a 2016 la población carcelaria de personas trans prácticamente se duplicó al pasar de 33 a 63 personas detenidas. Además, las personas trans encarceladas por delitos contra la ley 23.737 representan más del 50% del total de esta población carcelaria.

Si bien sería arriesgado concluir que este aumento responde al nuevo impulso que se le ha dado a la “guerra contra las drogas” en nuestro país, sí es posible concluir que un sector particular de la población femenina ha sido históricamente uno de los más afectados por este tipo de políticas punitivas. Un grupo de mujeres cuya vulnerabilidad se explica por la ausencia estatal en múltiples formas, salvo en su faceta punitiva. Vale aclarar que esto no implica necesariamente una justificación de este tipo de delitos,[1] pero sí la necesidad de repensar de manera urgente qué estamos haciendo en esta materia.

Un futuro vulnerable

El problema no está solamente en la criminalización selectiva que realiza el sistema penal. Como resultado del encarcelamiento (sumado a todas las dificultades que las cárceles de nuestro país poseen y que se intensifican cuando hablamos de mujeres porque la cárcel ha sido diseñada para hombres), las mujeres se enfrentarán ante dos diferentes tipos de discriminación. En primer lugar, y común a toda la población carcelaria, contar con antecedentes penales implica mayores dificultades para conseguir un empleo formal. Si bien no hay estudios con respecto a la discriminación laboral por antecedentes penales en Argentina,[2] actualmente los empleadores (privados o estatales) suelen solicitar a aquellos que se postulan que presenten el certificado de antecedentes penales.

En segundo lugar, al terminar su condena e intentar reinsertarse en la sociedad, este grupo de mujeres deberá enfrentarse a una sociedad machista en la cual sus posibilidades en términos laborales, por el simple hecho de ser mujeres, se encuentran limitadas. En Argentina, las mujeres ganas al menos 27% menos que los hombres por el mismo trabajo, la desocupación afecta en mayor proporción a las mujeres que los hombres, las mujeres participan considerablemente más y le dedican más tiempo que los hombres al trabajo doméstico no remunerado. Podemos enumerar muchas más diferencias en cuanto a la situación de los hombres y las mujeres, incluso fuera del ámbito laboral. Lo importante es que debemos darnos cuenta de que las mujeres deberán enfrentar mayores obstáculos para intentar reinsertarse en la sociedad una vez finalizada su condena. Es por esto que tiene sentido hablar de vulnerabilidad a futuro. Sin lugar a dudas, las opciones que tendrán las mujeres no son las mismas que tendrán los hombres.

Mirar ambas caras

Si combinamos ambas caras de la vulnerabilidad (pasado y futuro) podemos darnos cuenta de que este enfoque prohibicionista y punitivista tiene un impacto negativo y determinante en la población femenina del país, especialmente en cierto grupo de mujeres. Reconocer la vulnerabilidad de las personas perseguidas por el sistema penal ante estos delitos tiene que servir para repensar nuestra política criminal. El enfoque prohibicionista y punitivista no ha generado beneficios, y de así hacerlo tampoco puede sostenerse la irracionalidad y selectividad con la que opera.

Mirar el futuro vulnerable que le espera a esas personas también debe servir para pensar en que el encarcelamiento de estas mujeres solo genera una profundización de la situación en la que estaban antes de cometer el delito. Ahora bien, este enfoque también nos obliga a pensar en políticas públicas que pongan el foco en la adecuada reinserción de las mujeres en la sociedad. Esto obligará a superar no solo la discriminación que sufren las mujeres, también superar los prejuicios y estereotipos creados sobre las personas privadas de la libertad. La “guerra contra las drogas” debe discutirse desde una perspectiva de género.

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[1] Aunque probablemente si debiéramos pensar así en una gran cantidad de casos. Justificación que tampoco implica no hacer nada, pero sí pensar en otro tipo de respuestas alternativas a la pena de prisión.

[2] Para estudios de este tipo en Estados Unidos, ver Devah, Pager. Marked: Race, Crime, and Finding Work in an Era of Mass Incarceration. Chicago: Chicago University Press (2007); “The Mark of a Criminal Record”, in 108 (5) American Journal of Sociology (March, 2003), 937-975

Foto: http://www.eldiaonline.com/carceles-argentinas-10-anos-la-poblacion-penitenciaria-aumento-41/

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